El Congreso Nacional hondureño dio luz verde a la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa dirigida a prevenir delitos como lavado de activos, corrupción, financiamiento del terrorismo y delincuencia organizada.
La medida establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una base de datos que estará bajo la administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, institución responsable de la supervisión financiera del país.
Con esta decisión, el Poder Legislativo pretende identificar a los propietarios reales detrás de empresas y estructuras legales que operan en Honduras. Además, busca limitar el uso de sociedades opacas utilizadas para ocultar identidades o mover recursos vinculados a actividades ilícitas.
Nuevo sistema exigirá actualización y verificación de datos
La nueva normativa crea un mecanismo obligatorio para registrar, actualizar y conservar información relacionada con los beneficiarios finales de las empresas.
Asimismo, la ley establece obligaciones para las personas jurídicas y concede facultades de supervisión a la autoridad financiera hondureña.
Además, el decreto incorpora reformas al Código de Comercio. Entre los cambios destaca la eliminación gradual de las acciones al portador y el fortalecimiento de mecanismos nominativos para mejorar la trazabilidad sobre la propiedad y el control empresarial.
Según el texto aprobado, la legislación se sustenta en principios constitucionales como transparencia, seguridad jurídica e interés público.
Compromisos internacionales influyeron en la iniciativa
La normativa también responde a compromisos asumidos por Honduras ante organismos internacionales especializados en prevención de delitos financieros.
Entre ellos figura el Grupo de Acción Financiera Internacional, entidad que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También incluye recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, integrado por países de América Latina y otras naciones de la región.
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, indicó que el cumplimiento de estos estándares puede evitar que Honduras ingrese a una lista de vigilancia internacional por debilidades en el combate contra delitos financieros y estructuras ilícitas.
Además, el decreto incorpora observaciones realizadas durante evaluaciones internacionales, las cuales habían identificado limitaciones en la identificación de beneficiarios finales y en el acceso a información societaria.
Corte Suprema respaldó cambios técnicos antes de la votación
Antes de llegar al pleno legislativo, la iniciativa fue enviada a la Corte Suprema de Justicia de Honduras para análisis técnico.
La institución emitió un dictamen favorable y respaldó la necesidad de adecuar la legislación hondureña a estándares internacionales sobre transparencia corporativa.
Asimismo, recomendó ajustes para mantener coherencia con la legislación vigente relacionada con mercados financieros y valores.
Durante la sesión legislativa participaron el ministro de Finanzas y el comisionado de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Gustavo Sólorzano.
Medida busca fortalecer investigaciones sobre delitos económicos
Con la aprobación de esta ley, Honduras amplía su marco legal sobre transparencia financiera y fortalece mecanismos de cooperación internacional.
Además, el Registro Centralizado de Beneficiarios Finales surge como una herramienta orientada a identificar a los propietarios reales de estructuras jurídicas y reducir espacios de anonimato corporativo dentro del país.
