La Sala Constitucional de Costa Rica respondió este viernes con un rechazo rotundo a las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, donde aseguró que la prórroga de las funciones de los magistrados suplentes que culminaron su período en diciembre pasado es un “golpe de Estado”, aunque son sus mismos diputados los que se han negado a elegir a los nuevos magistrados.
La Sala emitió un comunicado en el que dijo lamentar las declaraciones de Fernández por considerarlas “desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado”, tomando en cuenta que decidieron prorrogar los nombramientos ante la falta de elección de nuevos magistrados suplentes.
Esta tarde la presidenta Fernández dijo que el lunes presentará una denuncia contra los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García por ser quienes votaron para prorrogar los nombramientos por considerar que es una acción “ilegal e inconstitucional”.
Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de Derecho”, sostiene el comunicado emitido esta tarde por los magistrados.
Los magistrados alegaron que sus resoluciones están apegadas a las normas y principios jurídicos, pues buscan “salvaguardar los derechos de las personas y asegurar el correcto funcionamiento del sistema democrático”.
El magistrado Jorge Araya defendió su voto diciendo que el concepto de “golpe de Estado” usado por Fernández “no tiene ningún asidero” porque un golpe significa ” una ruptura ilegítima del orden constitucional”, cuando en realidad la resolución “trata totalmente lo contrario”, porque buscan “restablecer el orden constitucional a nivel jurisdiccional”.
Araya aseveró también que Fernández hizo “una interpretación me parece a mí prematura. Necesita ella, su gobierno y el país, conocer la integralidad de la sentencia, de la resolución dictada por el más alto Tribunal de Justicia Constitucional del país”.
La prórroga acordada por la Sala surgió luego de la interposición de un recurso de un ciudadanos que alegó retrasos en sus trámites por falta de magistrados suplentes. En ese sentido, la Sala también ordenó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, que coordine el proceso para ya concluir la elección de los nuevos magistrados.
El oficialismo legislativo de Pueblo Soberano ha rechazado completar la elección en tres ocasiones distintas desde que asumió en mayo. En un primer momento, el oficialismo dijo que rechazaba la lista por no conocer los perfiles de los candidatos. Luego pidió a la Corte Suprema de Justicia que ampliara de 18 a 24 la lista de aspirantes y por último, devolvió la lista a la Corte, aunque eso implicaría que las magistraturas sigan vacantes por al menos un año más.
