El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, aseguró este lunes que el Gobierno panameño está retomando el control en la provincia de Bocas del Toro, tras los disturbios que llevaron al Consejo de Gabinete a decretar estado de urgencia el pasado viernes. La decisión fue tomada en respuesta a actos de vandalismo y ataques a infraestructuras estatales y privadas, que las autoridades han calificado como acciones de “terroristas urbanos”.
“Más allá de todo, lo importante es que se está tomando el control de Bocas del Toro. Ha habido relativa calma y en algunos lugares se han abierto puntos”, afirmó Orillac en entrevista con Noticias AM. Según el ministro, las medidas excepcionales buscan “mantener la paz y el sosiego” de una comunidad “buena”, que ha sido afectada por lo que calificó como bandas criminales.
Hasta la fecha, las autoridades han reportado un aumento constante en el número de aprehendidos. Al menos 19 entidades públicas y privadas fueron vandalizadas, incluyendo el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y depósitos de la Caja de Seguro Social.
Orillac relató, además, que la directora encargada del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) fue atacada con un machete y resultó herida en la cabeza, señalando que el agresor ya ha sido identificado.
El ministro insistió en que los hechos violentos no pueden ser considerados simples protestas. “Aquí no se trata de alguien que está manifestándose por nada. Son personas al margen de la ley, terroristas, porque tratar de incendiar una estación de gasolina y prender parcialmente el estadio Calvin Byron es un acto criminal”, dijo, agregando que habría financiamiento detrás de los disturbios, aunque evitó señalar directamente si proviene de actores políticos o privados.
La medida de estado de urgencia implica severas restricciones a los derechos ciudadanos, incluyendo detenciones sin orden judicial, suspensión del habeas corpus, allanamientos sin orden previa, y la limitación al derecho a reunión, libre tránsito y expresión. Estas restricciones están amparadas por el artículo 55 de la Constitución panameña, que permite la suspensión de garantías en casos de perturbación del orden público.
En estos momentos difíciles que vivimos quiero compartirles las siguientes
reflexiones:La violencia encaminada al caos, al vandalismo y a la destrucción no puede ser un mecanismo legítimo de protesta bajo ninguna forma.
Lo ocurrido en Bocas del Toro merece nuestro absoluto…— Martin Torrijos (@MartinTorrijos) June 23, 2025
Orillac también señaló que, aunque no todos los responsables han sido capturados, la situación ha mostrado una mejora respecto a los días más críticos, jueves y viernes pasados. Los vuelos humanitarios se han restablecido, pero el Gobierno advirtió que toda persona que llegue al aeropuerto y no justifique su presencia podrá ser detenida.
Finalmente, el ministro destacó que algunos trabajadores de la empresa Chiquita Panamá defendieron sus instalaciones durante los hechos de violencia, subrayando el compromiso de sectores civiles con la estabilidad de la región.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, respaldó esta postura afirmando que “no se trata de manifestantes, sino de grupos criminales”, en una narrativa oficial que refuerza la justificación del estado de urgencia y los operativos en curso en la provincia.
