El Gobierno de El Salvador mantiene una estrategia de divulgación pública sobre el historial criminal y la estructura interna de integrantes del Barrio 18 que enfrentan un proceso judicial masivo. La difusión ocurre mientras avanza la política de seguridad y el régimen de excepción impulsados por la administración del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.
En los últimos días, la Secretaría de Prensa de la Presidencia comenzó a difundir información sobre varios acusados procesados dentro del caso. Entre ellos figuran Víctor Antonio García Cerón, conocido como “Duke”; Jeffrey Isaac Pérez López, identificado como “El Xochilt de la IVU”; Óscar René Moreira Palacios, alias “El Pollo”; y Welman Rafael Renderos Benítez, conocido como “Buda”.
La información oficial describe antecedentes, presuntas funciones dentro de la estructura criminal y delitos atribuidos a cada uno. Además, los mensajes vinculan estos casos con la estrategia de seguridad desarrollada por el Gobierno salvadoreño.
La narrativa institucional acompaña el avance del proceso judicial
La divulgación de perfiles ocurre de forma paralela al desarrollo de uno de los mayores procesos penales registrados en el país.
Las publicaciones oficiales presentan detalles sobre funciones de mando, actividades operativas y antecedentes históricos de integrantes señalados como líderes pandilleros.
Por ejemplo, las autoridades atribuyen a algunos acusados presuntas redes de extorsión, homicidios y actividades de reclutamiento de menores. También incluyen referencias a hechos que ocurrieron durante distintos períodos de actividad criminal en el país.
#RegiménDeExcepción | Víctor Antonio García Cerón, alias “Duke”, uno de los fundadores históricos de la pandilla 18 revolucionarios, enfrenta hoy a la justicia junto a cientos de integrantes de esta estructura terrorista en el juicio que busca condenar décadas de crímenes contra… pic.twitter.com/DHeeg7ipa5
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) June 20, 2026
En varios casos, las publicaciones reconstruyen lo que las autoridades describen como el “pedigrí” criminal de los procesados. La narrativa incorpora antecedentes internos de la estructura y hechos que marcaron distintas etapas del conflicto entre pandillas y fuerzas de seguridad.
Un juicio colectivo reúne a cientos de líderes y mandos medios
El proceso forma parte de una serie de juicios colectivos desarrollados bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador.
La Fiscalía General presentó una acusación unificada contra 563 cabecillas y mandos medios del Barrio 18. El caso incluye a las facciones Sureños y Revolucionarios.
Según la acusación fiscal, 275 procesados pertenecen a los Sureños y 288 a los Revolucionarios. A este grupo se le atribuyen más de 14,000 delitos acumulados desde 2012.
Entre los hechos incluidos aparecen homicidios agravados, feminicidios, extorsiones, terrorismo, tráfico de armas y otros delitos relacionados con estructuras criminales.
La acusación se apoya en una estructura de responsabilidad compartida
El caso también refleja un cambio en el modelo de procesamiento judicial aplicado contra pandillas.
La estrategia del Ministerio Público se basa en una figura que busca atribuir responsabilidad a estructuras completas y no únicamente a hechos individuales.
Los fiscales sostienen que las jefaturas de mando coordinaban actividades ilícitas a escala nacional. Bajo ese criterio, la acusación señala que los líderes emitían órdenes y mantenían control operativo sobre distintos grupos locales.
Este modelo permite acumular expedientes y procesar a decenas o cientos de personas dentro de una misma causa penal.
Comparecencias remotas y nuevas reglas marcan el desarrollo del caso
El proceso también presenta características distintas frente a causas penales tradicionales. Algunos acusados participan mediante videoconferencia desde centros penales de máxima seguridad. Otros enfrentan procesos en ausencia tras salir del país.
Los Tribunales Contra el Crimen Organizado de San Salvador administran el expediente y revisan pruebas documentales, antecedentes e informes técnicos.
Las reformas recientes al sistema penal permiten acumulaciones de condenas que podrían derivar en penas de varias décadas para los implicados.
