Guatemala se prepara para aplicar uno de los cambios más amplios de los últimos años en materia de control financiero. La nueva Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo comenzará a regir en septiembre y obligará a diversos sectores económicos a reforzar sus mecanismos de vigilancia y reporte de operaciones sospechosas.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de las personas y empresas obligadas a cumplir controles antilavado. Además de bancos y entidades financieras, la normativa incluirá a inmobiliarias, cooperativas, casas de empeño, comerciantes de vehículos, proveedores de activos virtuales y profesionales como abogados, notarios y contadores cuando intervengan en operaciones económicas de terceros.
La legislación surge en un contexto de creciente presión internacional para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y adaptar la normativa nacional a los estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo que fija las reglas globales para combatir el lavado de activos.
Las entidades sujetas a la ley deberán implementar sistemas de evaluación de riesgos, controles internos, auditorías periódicas y programas de capacitación para detectar operaciones vinculadas con actividades ilícitas. También estarán obligadas a designar oficiales de cumplimiento con autonomía y recursos suficientes.
Control del destino de fondos
Otro aspecto clave es la identificación del beneficiario final de las transacciones. Esto significa que las empresas deberán determinar quién es la persona que realmente controla o recibe los beneficios de una operación, incluso cuando existan intermediarios o estructuras societarias complejas.
La normativa también establece controles reforzados para las Personas Expuestas Políticamente (PEP), así como para operaciones internacionales consideradas de mayor riesgo. Además, exige reportar de manera confidencial las transacciones sospechosas ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Entre las medidas más estrictas figura la obligación de declarar el transporte transfronterizo de efectivo superior a $10,000. La ley también ordena conservar documentación durante al menos cinco años y mantener registros detallados de determinadas operaciones financieras.
Las autoridades consideran que el nuevo marco legal fortalecerá la capacidad del Estado para combatir redes criminales nacionales y transnacionales. Para los sectores alcanzados, sin embargo, la entrada en vigor de la ley implicará adaptar procedimientos, reforzar controles y aumentar la transparencia de sus actividades para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias.
