A 2 años de la implementación del estado de excepción, la situación de la extorsión en Honduras sigue siendo alarmante. Según un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión, lo que representa un aumento de más de 74,000 nuevos hogares desde que entró en vigor esta medida en 2022.
El informe, titulado “Extorsión bajo la lupa: a 2 años del estado de excepción”, señala que la tasa de victimización por extorsión en el país ha incrementado significativamente.
Mientras que a finales de 2022, el 9 % de los hogares en Honduras se veían afectados por este delito, para finales de 2024 este porcentaje ha ascendido al 11.6 %, lo que refleja la magnitud del problema.
A dos años de la implementación del estado de excepción como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, alrededor de 304 mil hogares hondureños continúan siendo víctimas de extorsión.
Lea más sobre el informe “Extorsión bajo la lupa: a dos… pic.twitter.com/GwqAQRPHK8
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) December 3, 2024
El estado de excepción, implementado por la presidenta Xiomara Castro el 6 de diciembre de 2022 como parte de una “guerra contra la extorsión”, ha sido prorrogado 16 veces, y se ha convertido en una medida de seguridad que genera cuestionamientos debido a los limitados resultados obtenidos y su impacto en los derechos humanos.
Según el informe de la ASJ, 3 de cada 10 hondureños se sienten menos seguros desde que se implementó esta política, lo que refleja la falta de confianza en la efectividad de la medida.
A pesar de las estrictas políticas de seguridad, el informe también destaca una disminución significativa en las denuncias y detenciones por extorsión.
En 2021 se registraron 1,922 denuncias por este delito, mientras que, según las proyecciones para 2024 basadas en los casos registrados hasta septiembre, el número de denuncias caerá a 484.
De manera similar, las detenciones por extorsión han bajado de 461 en 2021 a sólo 175 en 2024, lo que pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para frenar este flagelo.
Los departamentos más afectados por la extorsión en los últimos 2 años incluyen a Intibucá, Choluteca y Atlántida, con Intibucá destacándose con un incremento en la tasa de victimización del 18.22 %.
Esta tendencia al alza de la extorsión en diversas zonas del país refleja una crisis que parece estar fuera del control de las autoridades.
Aunado a esto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 600 denuncias de violaciones a los derechos humanos vinculadas al estado de excepción hasta septiembre de 2024, lo que pone en evidencia el impacto negativo que esta medida ha tenido en las libertades fundamentales de los ciudadanos.
En cuanto a la implementación del plan antiextorsión, el informe de la ASJ también apunta que, de las 30 acciones contempladas en este plan, sólo cinco han sido ejecutadas parcialmente.
Entre las pocas acciones cumplidas están la creación de mesas técnicas interinstitucionales y la capacitación de operadores de justicia. Sin embargo, medidas clave, como el fortalecimiento de las unidades de inteligencia y las reformas al Código Penal, aún están pendientes, lo que deja al país con un plan de seguridad incompleto e ineficaz.
Ante estos resultados, la ASJ propone una reforma integral del plan antiextorsión, exigiendo la participación activa de todos los actores involucrados: la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero, los medios de comunicación y la sociedad civil. Además, hace un llamado urgente para poner fin al estado de excepción como medida permanente, restableciendo las garantías constitucionales y protegiendo los derechos de los ciudadanos.
En este contexto, la ASJ subraya la importancia de abordar las causas estructurales de la extorsión, que incluyen la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción, además de promover la confianza en las instituciones del Estado y fomentar la denuncia de este delito, tan arraigado en diversas comunidades.
