Septiembre se perfila como un mes decisivo para Nicaragua, con una sucesión de reuniones, audiencias e informes internacionales que colocarán al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo un renovado escrutinio sobre la extensa crisis de derechos humanos.
Entre el 15 y el 22 de septiembre están previstas cuatro citas de especial relevancia: dos audiencias en el Congreso de Estados Unidos; una reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington y la presentación de dos informes de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos.
La agenda internacional coincidirá con el avance dentro de Nicaragua de las reformas constitucionales impulsadas por el régimen, que buscan consolidar el nuevo modelo político y eliminar las elecciones competitivas como mecanismo de alternancia en el poder.
Lectura sugerida: Dictadura de Nicaragua aprobará en septiembre reforma constitucional para ampliar poder de Ortega y Murillo
Washington abre el mes con audiencias
El primer escenario será el Congreso de Estados Unidos, donde están previstas para el 15 de septiembre audiencias tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para examinar la situación nicaragüense.
Según el calendario planteado, los legisladores abordarán la abolición de las elecciones y actualizarán el análisis sobre democracia y derechos humanos.
El debate se produce después de que legisladores demócratas y republicanos hayan cuestionado la decisión de Ortega de poner fin a los procesos electorales competitivos.
Las audiencias podrían servir además para evaluar nuevas medidas de presión contra Managua.
En la mesa se incouyen eventuales sanciones, restricciones financieras, medidas comerciales y acciones dirigidas contra las fuentes económicas que sostienen al régimen.
Le recomendamos leer: Dictadura de Nicaragua concluye “consultas” sobre reforma constitucional preguntando a su familia, partidarios, empleados y círculo de allegados si quieren seguir en el poder
Reunión de cancilleres en la OEA
Dos días después, el 17 de septiembre, los cancilleres de los países miembros de la OEA tienen prevista en Washington una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua.
La cita adquiere especial relevancia porque el debate ya no se limitaría a la represión política.
La eliminación de las elecciones competitivas plantea una cuestión de mayor alcance para el sistema interamericano: la situación de la democracia y la legitimidad del poder en Nicaragua.
Una eventual resolución que constate una ruptura del orden democrático podría elevar el conflicto nicaragüense a un nuevo nivel dentro de la OEA.
También podría abrir espacio político para que los Estados adopten, conforme a sus legislaciones, medidas destinadas a contribuir al restablecimiento de la democracia, aunque ello no implicaría sanciones automáticas.
Lea además: Ortega blinda su poder: dictadura de Nicaragua se declara “intocable” ante el mundo
Dos informes de la ONU
El 18 de septiembre, un día después de la reunión de cancilleres, está prevista la presentación del informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua.
El documento pondrá nuevamente bajo escrutinio internacional las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en el país.
El 22 de septiembre llegará otro momento relevante con la presentación prevista del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
El grupo ha investigado patrones, estructuras y responsabilidades vinculadas con la represión en Nicaragua.
Sus informes contribuyen a documentar las violaciones y a establecer elementos que pueden resultar relevantes para eventuales procesos de rendición de cuentas.
Le sugerimos: OEA aprueba por abrumadora mayoría convocar a cancilleres ante abolición de elecciones en Nicaragua
Reformas frente a presión externa
La agenda internacional coincidirá con la ofensiva interna del régimen para aprobar definitivamente sus reformas constitucionales durante la primera quincena de septiembre.
El presidente del Legislativo, bajo control de la familia Ortega Murillo, Gustavo Porras, anunció que aprobarán los cambios entre el 1 y 21 de septiembre.
La convergencia de fechas puede convertir septiembre en un momento particularmente relevante para el expediente internacional sobre Nicaragua.
En apenas dos semanas se sucederían las audiencias del Congreso estadounidense, la reunión de cancilleres de la OEA y las presentaciones de los dos organismos de Naciones Unidas.
