La Asamblea Nacional, en manos del oficialismo, dio luz verde a una reforma constitucional que blinda al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo frente a cualquier resolución internacional o ley extranjera que “atente contra la soberanía” del país.
Lo que empezó como una sesión especial de sábado terminó siendo otro golpe de timón de la dictadura de Nicaragua.
El texto se votará en definitiva en septiembre, junto con otra iniciativa que apunta a sacar a la oposición de la contienda electoral.
Un escudo contra la presión internacional
El párrafo aprobado es delirante: ninguna norma emitida por otro Estado u organismo internacional tendrá validez en territorio nicaragüense, salvo los convenios que el propio gobierno haya firmado.
El presidente del Congreso, Gustavo Porras, lo resumió sin rodeos: “las leyes son nicaragüenses para los nicaragüenses”.
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Para la prensa en el exilio, el mensaje es claro: Managua se prepara para no acatar lo que resuelvan la Organización de Estados Americanos (OEA) o Washington, justo después de que el organismo hemisférico convocara a una reunión urgente de cancilleres para frenar el plan de Ortega de eliminar elecciones libres.
Represión, exilio y un pulso que se endurece
La reforma llega en medio de un historial que la región conoce bien: las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, y una diáspora de cientos de miles de nicaragüenses.
Tras la votación de la ley “escudo”, la codictadora Rosario Murillo volvió a cargar contra los opositores, a quienes tildó de “mercenarios” y “traidores”, entre una serie de insultos y amenazas.
Con Ortega, de 80 años, y Murillo al frente de un poder cada vez más concentrado, la comunidad internacional observa con preocupación cómo Nicaragua levanta un muro legal justo cuando más presión diplomática recibe.
