La dictadura de Nicaragua cerró el jueves una denominada “consulta” sobre la reforma constitucional que elimina, en la práctica, la posibilidad de que la ciudadanía dispute el poder mediante elecciones libres, según denuncias de opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La codictadora Murillo anunció el cierre del proceso y celebró una supuesta participación de 200.000 personas.
Esa cifra representa una pequeña fracción de los 7,1 millones de habitantes que viven en Nicaragua y excluye además a los cerca de 1,5 millones de nicaragüenses que residen en el exterior.
La tirana presentó el resultado como “una expresión nacional de respaldo” a las reformas constitucionales.
Entre sancionados y familiares
La oposición, en cambio, describe el proceso como un espectáculo político destinado a fabricar legitimidad social para una decisión que Ortega anunció el pasado 19 de julio: eliminar las elecciones como mecanismo real de alternancia y asegurar la continuidad del poder familiar.
Los críticos del régimen sostienen que las autoridades no abrieron el debate a una sociedad plural. Al contrario, los hijos del matrimonio dictatorial fueron las principales figuras del espectáculo.
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El oficialismo convocó principalmente a funcionarios públicos, policías, militares, diputados, organizaciones gremiales y estructuras vinculadas al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Ningún representante de la sociedad, civil, oposición o de la más mínima disidencia.
Incluso, participaron personajes sancionados por corrupcion y violación de derechos humanos y operadores políticos del régimen, señalados de cometer crímenes de lesa humanidad.
Juventud Sandinista cierra el espectáculo
El cierre tuvo como escenario la Asamblea Nacional, donde el oficialismo reunió a dirigentes de la Juventud Sandinista, el principal aparato político del FSLN, y presentó el acto como una muestra del respaldo de estudiantes y jóvenes.
Los medios oficialistas hablaron de “total y firme respaldo”. También informaron sobre 208 puntos de conexión virtual y más de 6.000 jóvenes participantes.
Hanny Montenegro, coordinadora departamental de la Juventud Sandinista en Managua, proclamó que Ortega y Murillo representan la “única garantía” para la juventud y respaldó públicamente la reforma.
Para la oposición, el acto mostró el carácter cerrado del proceso. Algunos críticos lo describieron en redes sociales como un “concierto de sapos”, una expresión peyorativa que alude a los simpatizantes de la dictadura que repiten consignas oficiales sin cuestionar las decisiones del poder.
El presidente de la Asamblea Nacional, sancionado por violador de derechos humanos, Gustavo Porras, también intervino y convirtió el cierre en un repaso de la historia política de Nicaragua desde la narrativa del sandinismo gobernante.
Siete años y poder familiar
La reforma amplía de seis a siete años el periodo de la denominada Copresidencia y modifica las reglas electorales, incluida la participación de candidatos y partidos.
El cambio puede prolongar el dominio de Ortega, de 80 años, y Murillo, de 75, durante nuevos periodos de siete años. Bajo ese esquema, Ortega podría permanecer en el poder hasta los 95 años y Murillo hasta los 90.
La propuesta también preocupa por su impacto sobre la competencia política. El oficialismo controla las instituciones del Estado y mantiene fuera del país a numerosos opositores, mientras centenares de nicaragüenses permanecen en el exilio.
La oposición sostiene que el nuevo modelo no solo busca asegurar la continuidad de Ortega y Murillo, sino también preparar una sucesión familiar que preserve el poder dentro de su entorno.
Murillo celebra y vuelve a insultar
Tras el acto, Murillo elogió la intervención de Porras y calificó su discurso como una “brillante, corajuda y gallarda clase magistral”.
La vicepresidenta también aprovechó su intervención para atacar a sus adversarios. Volvió a llamar “traidores y cobardes” a los nicaragüenses que cuestionan al Gobierno desde el exilio o dentro del país.
El discurso mantuvo el tono de confrontación que Murillo utiliza de forma habitual contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y exiliados.
La Asamblea Nacional deberá ahora avanzar con la reforma constitucional. El oficialismo controla el Parlamento y no enfrenta una oposición parlamentaria capaz de bloquear el proyecto.
El cierre de la consulta deja así una paradoja: el régimen presenta como participación popular un proceso que excluye precisamente a buena parte de los nicaragüenses que cuestionan su permanencia en el poder.
