El oficialismo hondureño del partido Libre parece haber encontrado en la denuncia de la presunta conspiración para manipular las elecciones generales del 30 de noviembre, un fuerte eslabón para su narrativa. Desde la presidenta Xiomara Castro, pasando por su marido, Manuel Zelaya, hasta los funcionarios, la denuncia lanzada por el consejero electoral Marlon Ochoa y validada por el fiscal general, Johel Zelaya (oficialista), se han victimizado.
Esta aparece en un momento clave: varias encuestas independientes muestran ventaja para los candidatos de oposición Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.
Según el gobierno, audios filtrados prueban un plan para alterar los resultados electorales. Sin embargo, esa versión enfrenta cuestionamientos técnicos y legales que apuntan a un posible caso fabricado para reforzar la narrativa oficialista, victimizarse y movilizar a su base política.
También existe un componente legal que el oficialismo (incluido el fiscal general) obvian: la legalidad de la presunta prueba. No está claro como un consejero electoral obtuvo presuntas conversaciones privadas.
🚨🗣️“Le están apuntando con una pistola cargada a la democracia; si le jalan el gatillo, van a ver a un pueblo enardecido.” — Nasry Asfura, candidato presidencial. pic.twitter.com/Y1kOOdoMKK
— TSiHonduras (@TSiHonduras) October 29, 2025
Audios bajo sospecha y denuncias de manipulación
El Ministerio Público afirmó que los audios atribuidos al jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y a la consejera electoral Cossette López son auténticos.
“El MP tiene una capacidad pericial muy fuerte para demostrar que son audios verídicos”, dijo el vicecanciller Gerardo Torres.
No obstante, Zambrano sostiene que los audios son falsos y generados con inteligencia artificial. “Responsabilizo a Marlon Ochoa por este delito. Vamos a acudir a la comunidad internacional”, afirmó. Además, anunció que presentará los archivos a peritos internacionales para comprobar la manipulación.
Especialistas consultados también han expresado dudas. “Es prueba ilícita y ni siquiera llega a ser un elemento probatorio”, señaló el abogado constitucionalista Oliver Erazo. Para técnicos independientes citados por la oposición, los audios habrían sido creados para involucrar a líderes opositores y hacerlos aparecer como parte de un plan de fraude electoral.
Reacción de las Fuerzas Armadas y tensión institucional
Las Fuerzas Armadas anunciaron investigaciones internas para identificar a cualquier miembro que participe en actos conspirativos. La institución aseguró que no permitirá acciones que pongan en riesgo la voluntad soberana del pueblo.
Ante las recientes declaraciones del Ministerio Público, en las que se hace referencia a un presunto integrante de las Fuerzas Armadas vinculado a posibles actuaciones irregulares en el proceso electoral, las #FFAA informan al pueblo hondureño y a la comunidad internacional… pic.twitter.com/PkQHzELdmZ
— Fuerzas Armadas de Honduras (@FFAAHN) October 30, 2025
Mientras tanto, el presidente del Congreso, Luis Redondo, de Libre, pidió enjuiciar a los presuntos responsables del supuesto plan. También reiteró su respaldo a Castro y llamó a “derrotar los intentos de fraude”.
Este discurso coincide con una línea oficialista que busca presentar al gobierno como víctima de un ataque organizado para impedir elecciones “limpias, justas y transparentes”.
Contexto político y uso estratégico del conflicto
La denuncia surge en un escenario electoral competitivo. Encuestas recientes muestran que Libre enfrenta desgaste, mientras Nasralla y Asfura lideran sondeos públicos. Analistas coinciden en que el discurso de conspiración ofrece al oficialismo una herramienta estratégica: cohesionarse, justificar acciones institucionales y presionar a actores electorales.
Voces opositoras señalan similitudes con tácticas políticas usadas en Venezuela y alertan sobre riesgos para la estabilidad democrática. “Le están apuntando con una pistola cargada a la democracia”, advirtió Asfura.
Llamados a defender el proceso electoral
En el marco de esta disputa, autoridades electorales pidieron respeto a la autonomía del Consejo Nacional Electoral.
¡A nuestros padres les tocó construir la democracia, a nosotros nos tocó vivirla y defenderla!
¡Por mi hija y por sus hijos! Nuestra fuerza, nuestro motor. pic.twitter.com/Deg6whQDbg
— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) October 30, 2025
“El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones”, afirmó su presidenta Ana Paola Hall. López, involucrada en los audios, aseguró que defenderá la institucionalidad electoral “por el futuro del país”.
La prerrogativa garantista del Artículo 234 constitucional, protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral. ¡El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio…
— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) October 29, 2025
Sectores civiles también llamaron a proteger el proceso. “Nos jugamos la democracia; tenemos que ir a votar”, expresó la abogada Ruth Lafosse.
El caso del presunto complot electoral ha transformado el clima político en Honduras. Aunque el gobierno insiste en su autenticidad, los indicios técnicos, el contexto electoral y las declaraciones de expertos apuntan a un episodio controverso que podría estar siendo utilizado para fortalecer la narrativa oficialista, generar movilización interna y deslegitimar a la oposición antes de una contienda decisiva.
