La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó el lunes medidas cautelares a favor de nueve personas privadas de libertad en Nicaragua, todos presos políticos de la dictadura Ortega-Murillo, tras determinar que enfrentan una situación de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud dentro de centros penitenciarios del país.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución 93/2025, en la que la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que adopte medidas inmediatas para garantizar condiciones mínimas de detención compatibles con estándares internacionales y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los detenidos. La dictadura Ortega-Murillo suele ignorar estas resoluciones.
Los beneficiarios de la medida son los presos políticos: Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarias Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
Condiciones precarias y falta de atención médica
Según la solicitud presentada ante la CIDH, los internos se encuentran en condiciones insalubres y sin acceso a atención médica adecuada, además de estar expuestos a amenazas por parte de funcionarios penitenciarios. También se denunció falta de agua potable, alimentación insuficiente y condiciones de hacinamiento.
La Comisión verificó que las personas presentan diversos padecimientos de salud y que no han recibido atención médica especializada ni tratamientos adecuados, agravando el riesgo a su integridad física. Asimismo, constató la imposibilidad de activar mecanismos internos de protección por temor a represalias.
El Estado de Nicaragua no proporcionó información ni respondió a los requerimientos de la Comisión para esclarecer la situación de los reclusos.
En el marco del Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, el organismo solicitó a Nicaragua que:
Proteja la vida, salud e integridad personal de los beneficiarios.
Garantice condiciones de detención adecuadas, incluyendo:
Protección frente a amenazas y agresiones dentro del penal.
Acceso a atención médica inmediata y especializada.
Disponibilidad de alimentación adecuada y agua potable.
Consulte la implementación de las medidas con los beneficiarios y sus representantes.
Informe sobre las acciones para investigar los hechos denunciados y prevenir su repetición.
La CIDH aclaró que la emisión de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre eventuales violaciones de derechos humanos por parte del Estado nicaragüense. Sin embargo, el organismo subraya la necesidad urgente de actuar ante la situación de riesgo documentada.
