La lucha de poder en Guatemala tiene su mejor ejemplo en el enfrentamiento entre el presidente Bernardo Arévalo y la fiscal general Consuelo Porras, que protagonizan una nueva batalla, esta vez en medio de invitaciones a reuniones y rechazos derivadas de la orden del ejecutivo a las fuerzas públicas de no acatar disposiciones “ilegales” provenientes de la fiscalía.
Porras envió un mensaje al mandatario, desde una reunión a la que él rechazó asistir. “Las puertas están abiertas”, aseguró Porras, señalando la falta de presencia de Arévalo en la cita, resaltando que su asistencia habría sido beneficiosa tanto para él como para el país.
El presidente Arévalo justificó su ausencia argumentando que se encontraba en una supervisión de emergencia en Escuintla, debido a los daños provocados por lluvias intensas en la región.
Desde el Palacio Nacional, su equipo de comunicación social explicó que Arévalo no podía atender la citación, dado que estaba en labores de coordinación de ayuda humanitaria.
Además, la presidencia informó que sería él, en calidad de presidente, quien realizaría la invitación formal a la fiscal general en su momento.
En su respuesta, la Presidencia citó el artículo 4 del Decreto 40-94, que establece que el presidente tiene la facultad para convocar a la fiscal general a reuniones dentro del marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Este rechazo al encuentro propuesto por la fiscalía dejó claro que, para Arévalo, la invitación debería partir de su oficina y no de la fiscal general.
De este modo, la discusión sobre el ejercicio de las funciones del Ministerio Público y el poder del Ejecutivo se intensifica, sumando capas de complejidad política.
Porras: acusaciones y reproches
Consuelo Porras, en su conferencia de prensa no ocultó su malestar por la ausencia de Arévalo. En tono fuerte, aseguró que la invitación a la reunión era una oportunidad crucial para que el presidente entendiera cómo funciona el Ministerio Público y cómo se lleva a cabo su trabajo de manera transparente.
“Siempre estamos dispuestos a rendir cuentas”, afirmó Porras, quien recalcó la responsabilidad y profesionalismo con los que el Ministerio Público ejerce su labor.
En su intervención, la fiscal también aprovechó para hacer un llamado a Arévalo: “Dejemos de lado los intereses particulares y trabajemos por el pueblo de Guatemala”, exigiendo que el presidente cumpla con sus responsabilidades y tenga una comprensión cabal del sistema judicial del país.
¿Crisis o juego político?
El tira y afloja entre Arévalo y Porras ha generado una creciente preocupación en la sociedad guatemalteca. Mientras algunos analistas interpretan las acciones de Arévalo como un intento por controlar el poder judicial y evitar posibles investigaciones que pudieran afectar a su gobierno, otros defienden el derecho del presidente a cuestionar lo que considera abusos del Ministerio Público bajo la dirección de Porras.
Por otro lado, los seguidores de la fiscal general ven sus acciones como una defensa de la independencia del poder judicial y un recordatorio de que la lucha contra la corrupción debe prevalecer por encima de los intereses políticos.
Los 10 meses de gobierno de Bernardo Arévalo han estado marcados por la confrontación con Consuelo Porras, la criticada fiscal considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y más de una veintena de países que la mantienen sancionada.
Según el mandatario, ella, quien estuvo a punto de impedir que asumiera el Ejecutivo en enero pasado, representa a un círculo poderoso pero corrupto que ha cooptado la justicia en Guatemala.
