La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó nuevamente al Gobierno de El Salvador a poner fin al régimen de excepción, vigente de forma ininterrumpida desde marzo de 2022 y prorrogado por 41 ocasiones. La última prórroga, aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025, extiende la medida hasta el 2 de septiembre, con el argumento de mantener acciones contra las pandillas y fortalecer las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
En su Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador (2024), la CIDH reconoció la reducción de la violencia reportada por el Estado, pero advirtió que ya no se observa la situación de emergencia exigida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para justificar la suspensión de derechos fundamentales.
Según datos públicos, más de 88,000 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen. Organizaciones de la sociedad civil han documentado al menos 7,000 casos de violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, tortura y más de 400 muertes bajo custodia estatal. También se reportan limitaciones al acceso a la justicia y casos de incomunicación prolongada.
La CIDH alertó que las disposiciones del régimen se están aplicando a casos ajenos a la lucha contra las pandillas, incluyendo la detención de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en 2025, como Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala. Estos detenidos habrían recibido plazos extendidos de control judicial y permanecen con procesos bajo reserva.
La Comisión también recibió denuncias sobre la incomunicación de personas deportadas o expulsadas a El Salvador, tanto salvadoreñas como extranjeras, sin conexión directa con las causas alegadas para mantener el régimen.
Denuncias sobre criminalización y restricción del espacio cívico
En la audiencia pública del 193 Periodo de Sesiones, organizaciones civiles denunciaron el uso indebido del sistema penal y un deterioro en la independencia judicial desde 2021. Señalaron la criminalización de periodistas y defensores, el acoso y hostigamiento contra la prensa, así como el impacto de la Ley de Agentes Extranjeros en el cierre de organizaciones y el exilio de activistas.
El Gobierno rechazó las acusaciones, alegando que no han sido corroboradas por mecanismos internacionales y que el régimen de excepción se desarrolla dentro del marco constitucional como una respuesta legítima a una crisis de violencia. Además, defendió que la Ley de Agentes Extranjeros busca únicamente garantizar transparencia en el uso de fondos internacionales.
El Estado también sostuvo que la situación de personas deportadas no guarda relación con el régimen y reiteró su compromiso con la promoción de los derechos humanos y el Estado de derecho.
La CIDH recordó que la protección de los derechos humanos debe ser el centro de cualquier política de seguridad ciudadana y recomendó 23 medidas para investigar las denuncias, reparar a las víctimas y cesar la suspensión de derechos. Además, instó a implementar una política pública integral y multisectorial contra la criminalidad, basada en evidencias y con enfoque de derechos humanos.
El organismo expresó su disposición para visitar El Salvador y dialogar con autoridades y sociedad civil, con el objetivo de encontrar soluciones alineadas con los estándares interamericanos.