Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República de Panamá reveló en abril pasado que el Estado dejó de percibir más de $1,200 millones tras 24 años de contrato con la empresa Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la multinacional china CK Hutchison y operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal.
El Contralor Anel Flores explicó que Panamá debió haber recibido $1,337 millones por concepto de concesiones, pero únicamente ingresaron $483 millones. A esta cifra se suman $349 millones adicionales por sacrificios fiscales, entre ellos el no pago de impuestos sobre dividendos y otros beneficios otorgados a la concesionaria.
Esto llevó a Flores a presentar a finales de julio una demanda en la que solicita declarar inconstitucional el contrato suscrito entre el Estado y Panama Ports Company. La Corte Suprema de Justicia ya admitió la demanda presentada por el Contralor de la República.
“No solo se trata de un contrato leonino. Lo que encontramos fue un contrato abusivo que atentaba directamente contra los intereses del país”, expresó Flores durante la presentación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de inconstitucionalidad y otra de nulidad.
Al ser cuestionado sobre cómo se llegó a esta situación, Flores fue enfático en señalar la corrupción como la causa principal.
“Porque se lo han permitido. Porque aquí todo el mundo sabe que los maletines llovían y entonces todo el mundo veía para otro lado. La diferencia es que ahora nosotros no cogemos maletines. Estamos aquí por el bien de los panameños y por cuidar el dinero público”, aseguró Flores.
Además, la auditoría detectó que desde 2010 no se han revisado las tarifas de movimiento de contenedores TEUs, generando una brecha de $449 millones a favor de PPC. En total, el Estado habría dejado de percibir más de $1,200 millones.
CK Hutchison opera los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá bajo una concesión aprobada inicialmente en 1997, pero su renovación no fue aprobada por la Contraloría panameña.
Investigación penal en curso
El procurador general Luis Carlos Gómez indicó que el caso fue asignado a la Sección de Alta Complejidad de la Fiscalía Anticorrupción. Hasta ahora, se han realizado 160 diligencias investigativas, pero ningún directivo de PPC ha sido citado.
“Estamos en etapa preliminar, acopiando elementos que permitan conectar a sujetos con la posible comisión de delitos”, declaró Gómez. Añadió que no todos los hallazgos podrían derivar en delitos penales, pero se trabaja para esclarecer cuáles sí lo serían.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha respaldado las acciones legales y cuestionó duramente la extensión del contrato firmada en 2021 por 25 años más.
“No vamos a tener nuestro territorio portuario secuestrado o que lucren sin pasarle ningún beneficio al Estado”, advirtió el presidente panameño.
Mulino anticipó que el Gobierno está considerando reemplazar el modelo actual por una asociación público-privada en la que Panamá tenga el control accionario, aunque esta alternativa requeriría aprobación legislativa y podría demorar hasta 18 meses en implementarse.
Reacción internacional y críticas de EE.UU.
La disputa por los puertos más estratégicos del país ha provocado reacciones internacionales. El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, calificó a PPC como “un operador malo” y afirmó: “Es una compañía del Partido Comunista de China que debe más de $600 millones al pueblo de Panamá”.
“Nuestra posición es que son un mal operador. No han hecho un buen trabajo. Estamos entusiasmados de que pronto dejen de operar esos puertos”, declaró el diplomático estadounidense en una visita a Colón.
El embajador también manifestó el apoyo de Washington a los esfuerzos del gobierno panameño por recuperar el control sobre esta infraestructura estratégica.
El caso representa un nuevo capítulo en la creciente disputa geopolítica entre China y Estados Unidos por el control de infraestructura crítica en América Latina. La presión de Washington y las demandas legales internas podrían cambiar por completo el modelo de concesión en los puertos clave del Canal de Panamá.
Transacciones internacionales bajo sospecha
El Contralor Flores advirtió que se están negociando ventas multimillonarias del portafolio global de puertos de CK Hutchison, matriz de PPC, sin que Panamá tenga participación.
“Hay negociaciones en otras latitudes que no incluyen a Panamá, el verdadero propietario de esos activos. Por eso actuamos”, sentenció.
El acuerdo internacional contempla la venta de 43 puertos, incluidos los de Panamá, a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Company. Sin embargo, las tensiones legales podrían obstaculizar la transacción.
A pesar de que PPC sostiene que ha invertido más de $1,690 millones en el país y ha pagado $126 millones en dividendos, el malestar en la población y en las instituciones públicas es evidente.
“Nuestro deber institucional es claro: defender los recursos del pueblo panameño y actuar cuando se compromete su patrimonio”, concluyó el contralor Flores.