Cinco exfuncionarios del gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que renunciaron a sus cargos el 31 de julio para postularse como candidatos a diputados en las elecciones de Costa Rica del 1 de febrero de 2026, acumulan en conjunto 25 causas penales abiertas, según un informe de la Fiscalía costarricense.
Los renunciantes son el exvicepresidente Stephan Brunner, el exministro de Hacienda Nogui Acosta, la exministra de Planificación y extitular de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, la exministra de Vivienda Ángela Mata y la exministra de la Condición de la Mujer Cindy Quesada.
De los cinco, Marta Esquivel es quien enfrenta más señalamientos, con 12 acusaciones por presuntos delitos de prevaricato, peculado, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, perjurio y nombramientos ilegales.
En septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción de Costa Rica arrestó a Esquivel, entonces titular de la CCSS. La detención está vinculada a aparentes irregularidades en la contratación de cooperativas para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS).
Esquivel, junto a otros siete investigados, enfrenta una investigación por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales (unos $24.5 millones) en la adjudicación de contratos a cooperativas encargadas de la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) son centros de salud que forman parte de la CCSS.
En octubre de 2024, un juez costarricense ordenó la suspensión por 6 meses sin goce de salario de Esquivel en su puesto en la CCSS, junto a otros cinco altos funcionarios de la institución, en relación con el conocido Caso Barrenador, un escándalo de corrupción que involucra millonarias adjudicaciones en el sistema de salud pública del país. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves respaldó públicamente a la funcionaria durante un acto público y hasta la abrazó en medio de aplausos de sus simpatizantes.
Los otros casos
El exministro Nogui Acosta registra 10 expedientes judiciales por presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude a la Hacienda Pública, incumplimiento de deberes, nombramientos ilegales y desobediencia.
Además, la Asamblea Legislativa intentó el año pasado aplicarle una sanción política al actual ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, por supuesto mala práctica en el ejercicio de su cargo.
En tanto, el exvicepresidente Stephan Brunner suma cinco procesos, cuatro en investigación y uno ya elevado a la Sala III con acusación, por presunta recepción de contribuciones privadas ilegales, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
Brunner figura en una acusación de la Fiscalía de Costa Rica contra el presidente Chaves y seis altos funcionarios, incluidos diputados oficialistas, por presunto financiamiento ilegal durante la campaña electoral del 2022.
Por su parte, las exministras Ángela Mata y Cindy Quesada son investigadas en un mismo expediente por el presunto delito de prevaricato.
Estrategia electoral e inmunidad
Los exfuncionarios anunciaron que inscribirán el 18 de agosto sus precandidaturas, lo que de resultar electos les permitiría recuperar la inmunidad parlamentaria.
Brunner, Esquivel, Acosta y Quesada han confirmado su interés en llegar al Congreso para el período 2026-2030, y el domingo pasado asistieron como “invitados especiales” a la Asamblea Nacional del partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación oficialista que ratificó su fórmula presidencial.
La exministra Ángela Mata, ausente en los últimos actos partidarios, expresó que por ahora se encuentra en un “espacio” de descanso con su familia antes de “definir su futuro laboral”.
El Pueblo Soberano, descrito como el “vehículo” político del presidente Chaves, elegirá a sus candidatos a diputados en Asamblea Nacional el próximo 24 de agosto, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la trayectoria judicial de quienes buscan una curul.