El liberal Salvador Nasralla respondió a la multa de $5.4 millones impuesta por la Unidad de Política Limpia de Honduras y lo hizo como mejor lo sabe hacer: alegando un complot en su contra. El excandidato presidencial, quien cada vez que ha perdido una elección denuncia fraude, sostiene que enfrenta un proceso administrativo y no una condena penal.
La resolución cuestiona la justificación de recursos utilizados durante su campaña de 2025. La fiscalización identificó inconsistencias relacionadas con fondos recaudados y declarados.
El descargo de Nasralla se concentra en el procedimiento
Nasralla afirma que presentó su informe de gastos dentro del plazo y con la documentación requerida. Según su versión, las observaciones tienen carácter administrativo y documental.
Por ello, anunció una defensa jurídica basada en documentos, leyes y recursos disponibles. También rechazó que la resolución demuestre apropiación o malversación de fondos.
Sin embargo, el expediente trasciende el aspecto contable. La resolución contempla además el traslado de información al Ministerio Público y a la Procuraduría para determinar posibles responsabilidades.
Comunicado de Salvador Nasralla. pic.twitter.com/ktmApYS13Z
— Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 17, 2026
El conflicto financiero se cruza con la lucha liberal
Nasralla sitúa la notificación dentro de su disputa por el control del Partido Liberal. El político mantiene su intención de competir por la conducción de su principal órgano ejecutivo.
Desde esa posición, plantea que sectores del Partido Nacional y del Partido Liberal podrían tener intereses coincidentes para apartarlo. No presentó pruebas que sustenten esa acusación.
Su argumento central consiste en interpretar la actuación administrativa como parte de una disputa política más amplia. Así, el caso financiero deja de ser solamente un expediente sobre rendición de cuentas.
La estrategia busca mantener abierta su competencia política
El mensaje también conecta la multa con sus aspiraciones para las elecciones de 2029. Nasralla sostiene que buscan impedir su participación futura.
Además, cuestiona la integración y actuación de la Unidad de Política Limpia. Afirma que su reunión del 16 de septiembre no reunió a todos sus integrantes.
También sostiene que utilizaron un reglamento electoral que, según él, ya no está vigente. Esos argumentos deberán resolverse dentro de los recursos jurídicos correspondientes.
Mientras tanto, la fiscalización coloca nuevamente el financiamiento de su campaña bajo escrutinio. La resolución señala inconsistencias que las autoridades deberán contrastar con los descargos y eventuales investigaciones.
