La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para proteger a nueve personas privadas de libertad en Nicaragua, al considerar que enfrentan una situación de extrema gravedad y urgencia con riesgo de daños irreparables a sus derechos.
La petición, presentada el 16 de septiembre, busca proteger a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
La CIDH ya había otorgado medidas cautelares a los nueve detenidos el 12 de diciembre de 2025. Según la Comisión, todos permanecerían recluidos en el centro penitenciario “La Modelo”, donde tendrían acceso limitado o nulo a patio y sol, recibirían alimentación insuficiente e inadecuada y carecerían de atención médica especializada.
El organismo también recibió información sobre un ambiente persistente de hostigamiento, amenazas y represalias de autoridades penitenciarias.
Jairo Alberto Obando Delgadillo y Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo habrían sufrido agresiones recientemente, mientras Gutiérrez Delgadillo y José Olivar Meza Raudez permanecerían desde hace semanas en celdas de castigo y aislamiento sometidas a temperaturas extremas.
La Comisión señaló además que los nueve detenidos continuarían enfrentando amenazas directas cuando reclaman atención médica, mejores condiciones de reclusión o denuncian presuntos abusos. Walter José Balmaceda Ruiz, detenido desde 2014, estaría particularmente expuesto a este patrón, de acuerdo con la información recibida por la CIDH.
José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila también sufrirían un deterioro de su condición física y estado de salud. En el caso de Meza Raudez, la CIDH indicó que continuaría privado de libertad pese a presuntamente haber cumplido su pena el 27 de julio de 2024. Balmaceda Castrillo y Cortez Dávila son, además, personas mayores.
La CIDH explicó que, después de conceder las medidas cautelares y solicitar información al Estado de Nicaragua, no recibió una respuesta que indicara la implementación de medidas de protección idóneas y efectivas, acciones de concertación o investigaciones destinadas a reducir los riesgos denunciados. Ante esa situación, decidió recurrir a la Corte IDH.
Las medidas provisionales de la Corte IDH se aplican en situaciones de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables. Estas disposiciones tienen carácter obligatorio para los Estados y pueden exigir acciones específicas para proteger derechos, integridad o vida de personas en riesgo.
