El gobierno de Costa Rica tiene previsto hacer un recorte de 10 mil millones de colones ($22.3 millones) al Poder Judicial y congelar otros 30 mil millones ($66.8 millones) para el ejercicio fiscal de 2027. En el estudio del proyecto, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, dijo que la falta de fondos los dejará en una “vulnerabilidad muy alta”.
La Asamblea Legislativa inició el estudio del proyecto de presupuesto 2027 y citó en la Comisión de Hacendarios a Soto, quien admitió estar “altamente preocupado” por los fondos porque el recorte llega en el mejor momento del OIJ y en “un momento histórico donde el crimen organizado presenta su momento más difícil”.
Con anterioridad, Soto dijo en la Corte Plena que los recortes limitarían la capacidad para ejecutar allanamientos en operativos para capturas de líderes criminales. Solo este año, el OIJ celebró la detención de criminales de alto perfil como Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, cuyos secuaces lo defendieron en una balacera de una hora.
“Ha sido el año más exitoso del OIJ, donde todos los cabecillas están detenidos por el OIJ y el Ministerio Público. Con esos recortes quedamos en una situación de vulnerabilidad muy alta”, aseguró Soto durante la sesión con los diputados.
Los ánimos se tensaron en la Comisión cuando el jefe oficialista, Nogui Acosta, increpó a Soto sobre que “la priorización de la gestión de los recursos corresponde a la Corte Plena” y que es esa misma entidad la que determina cuánto entregar al OIJ.
Pero Soto le sostuvo que si hay recortes en una institución, es obvio que eso afectará a todas las entidades que dependen de esa institución central como lo es el Poder Judicial y enfatizó que en primer lugar el recorte proviene del Ministerio de Hacienda.
“Los montos que se definieron como bloqueos los definió Hacienda, no el Poder Judicial. El 39% de ese bloqueo va al OIJ”, sostuvo Michael Soto.
Por otra parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que de efectuarse el recorte sería como “un mazazo” para el Poder Judicial y aseguró que las normas presupuestarias impuestas por el gobierno como condiciones son “un mecanismo para condicionar los recursos e incidir en la independencia” de la institución.
