El escritor nicaragüense, Premio Cervantes, Sergio Ramírez pidió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no permita que Nicaragua pierda su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.
El reclamo viene tras el anuncio del dictador Daniel Ortega el pasado 19 de julio en Managua, cuando dijo que en plaza pública “aqui no volverán a haber elecciones”.
El reclamo lo hizo Ramírez, quien fue vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990, en una carta abierta publicada el martes 25 de agosto en el diario español El País.
Ocurrió días después de que Brasil rechazara en la Organización de Estados Americanos (OEA) una resolución para elevar la crisis nicaragüense a una reunión de cancilleres.
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“No le niegue usted a Nicaragua el derecho a elegir libremente; ese mismo derecho que puede hacerlo a usted presidente de Brasil una vez más”, escribió Ramírez.
“Tengo por seguro que, si a alguien se le ocurriera decir que en Brasil no habrá más elecciones, usted sería el primero en salir a la calle a defender el derecho de elegir”, recordó Ramírez a Lula, en una apelación directa al presidente brasileño mientras busca un nuevo mandato en las elecciones del próximo 4 de octubre.
El autor apeló a la antigua relación política e ideológica que mantuvo con Lula da Silva y a las posiciones democráticas que, según recordó, el mandatario brasileño defendió durante una reunión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua en 1991.
Brasil se distancia de la mayoría en la OEA
La carta llega después de que 29 países respaldaran en el Consejo Permanente de la OEA que la situación de Nicaragua sea examinada por los ministros de Exteriores “tan pronto como sea posible”.
Brasil votó en contra, mientras México se abstuvo y las delegaciones de Haití y Venezuela no participaron en la votación.
La iniciativa, copatrocinada por 14 países y respaldada por la representación estadounidense, busca promover una respuesta colectiva ante la decisión del régimen de Daniel Ortega de eliminar las elecciones y avanzar en una reforma constitucional que, según sus críticos, pretende consolidar el poder de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
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Ramírez cuestionó también las declaraciones del embajador brasileño ante la OEA, Benoni Belli, quien afirmó que todos están a favor de los derechos humanos, pero que “no queremos que ningún medicamento mate al paciente”.
La frase provocó protestas de representantes de Argentina y Ecuador.
El escritor consideró que esa postura se aparta de la defensa de la democracia que históricamente ha sostenido Brasil.
Y advirtió contra cualquier confusión que lleve a los nicaragüenses a creer que Brasil solo podría enfrentarse a Ortega mediante una eventual victoria de Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula en las elecciones brasileñas de octubre.
De aliado sandinista a crítico de Ortega
Ramírez, de 83 años, ocupó la Vicepresidencia de Nicaragua durante el primer Gobierno sandinista y posteriormente encabezó una corriente renovadora dentro del FSLN que terminó enfrentada con Ortega.
Desde el regreso de Ortega al poder en 2007, el escritor se convirtió en uno de sus críticos más visibles y ha pagado caro su reclamo.
En 2018 dedicó el Premio Cervantes a las víctimas de la represión y, posteriormente, el régimen lo despojó de su nacionalidad nicaragüense, prohibió sus libros y le confiscó sus bienes.
Actualmente reside exiliado en España y recientemente lo eligieron para ocupar el sillón L de la Real Academia Española.
Ramírez recordó a Lula que las dictaduras “tienen un solo oscuro color” y deben ser combatidas desde cualquier posición del espectro democrático.
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El régimen Ortega-Murillo, en el poder desde 2007, enfrenta acusaciones internacionales por graves violaciones de derechos humanos cometidas especialmente durante la represión de las protestas de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó al menos 355 muertes entre abril y julio de 2018, ejecutadas principalmente por policías, militares y fanáticos armados por el régimen.
A la vez organismos internacionales han denunciado detenciones arbitrarias, desnacionalizaciones, destierros y persecución contra opositores, incluidos sacerdotes, periodistas, estudiantes, campesinos, empresarios y antiguos sandinistas.
En la actualidad, organizaciones de derechos humanos contabilizan decenas de presos políticos y denuncian una creciente concentración del poder en manos de Ortega y Murillo.