La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este 19 de agosto, por abrumadora mayoría, una convocatoria urgente a los ministros de Relaciones Exteriores del continente para abordar la crisis institucional en Nicaragua.
La iniciativa, promovida por Estados Unidos junto al respaldo inicial de 14 delegaciones, obtuvo un contundente respaldo de 29 votos a favor sobre 32 Estados representados en la sesión extraordinaria, con el voto en contra de Brasil y la abstención de México.
De nuevo, el embajador estadounidense Michael Kozak reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la solicitud de convocar de urgencia una reunión de cancilleres.
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El objetivo principal de la iniciativa diplomática es acordar e implementar medidas conjuntas frente al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, dando continuidad a la petición que Washington había presentado previamente el pasado 5 de agosto.
Durante su intervención, Kozak, quien pasó a retiro esta semana, enfatizó la urgencia de concretar dicho encuentro ministerial como un mensaje contundente contra el continuo deterioro de los principios democráticos en la nación centroamericana.
A pesar de haber sido relevado recientemente de su cargo en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el diplomático insistió en que el foro regional no puede demorar más sus acciones ante la crisis nicaragüense.
Amplio respaldo diplomático en Washington
La votación de este 19 de agosto reflejó un giro significativo respecto a la primera gestión realizada por Washington el pasado 5 de agosto en el seno del organismo, la cual no había alcanzado el consenso necesario.
En esta ocasión, la propuesta sumó el patrocinio formal de naciones como Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago.
A nivel subregional, Centroamérica mostró una postura unánime: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá votaron a favor de llamar a consulta a los cancilleres.
Aunque la fecha definitiva para la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se definirá formalmente en los próximos días, diversas delegaciones señalaron la urgencia de concretarla antes del 1 de septiembre, fecha prevista para el tratamiento de las modificaciones legales en Managua.
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Antecedentes de la crisis: la reforma del FSLN
La movilización diplomática continental responde a los anuncios emitidos desde Managua el pasado 19 de julio.
En esa fecha, Daniel Ortega —quien acumula 19 años consecutivos en el poder bajo cuestionamientos sobre la legitimidad de sus mandatos— comunicó públicamente la cancelación de futuros comicios competitivos y dio paso a una propuesta de reforma constitucional.
El proyecto impulsado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) busca extender el mandato presidencial de seis a siete años, con opción a una reelección consecutiva por un período idéntico bajo esquemas controlados directamente por el oficialismo.
Asimismo, la iniciativa legislativa prevé inhabilitar para la participación política a personas catalogadas por el Estado como “traidoras a la patria” o señaladas de haber participado en las protestas sociales de 2018, lo que de facto suprime la competencia electoral y el sufragio universal en el país.
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Durante las intervenciones en el Consejo Permanente, la gran mayoría de los Estados miembros condenó severamente la prolongada permanencia en el poder del Ejecutivo nicaragüense y el deterioro sistemático de las libertades públicas y los derechos humanos desde la represión desatada en 2018.
La nota discordante en el debate la protagonizó la delegación de México, que optó por abstenerse fundamentando su voto en el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, al tiempo que ofreció sus oficios para actuar como mediador en un eventual diálogo entre las partes.
Por su parte, Brasil justificó su voto en contra al considerar prematura la medida, mientras que el resto de las delegaciones enfatizó que la Carta Democrática Interamericana obliga a los Estados miembros a actuar de manera conjunta ante cualquier ruptura del orden constitucional en la región.