Estados Unidos intensificó sus gestiones diplomáticas en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para impulsar una respuesta colectiva contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El país centroamericano, golpeado por años de inestabilidad política y una dictadura familiar, opera bajo un sistema de poder concentrado desde la vuelta del Frente Sandinista al Ejecutivo en 2007.
En un hilo de mensajes en X, desde la cuenta oficial del embajador permanente de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Andrew Stevenson, la Casa Blanca anunció que junto a sus aliados seguirá impulsando acciones en el foro regional contra el régimen sandinista.
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Ofensiva diplomática en OEA
La misión estadounidense ante el organismo multilateral confirmó que la sesión extraordinaria del pasado 5 de agosto marcó el inicio de un proceso formal entre países aliados.
Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, encabezó la presión diplomática de Estados Unidos contra el régimen en el foro.
El plan busca ir más allá de las declaraciones de condena e implementar medidas multilaterales coordinadas contra la dictadura de Nicaragua.
La propuesta cuenta con el copatrocinio de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, según datos de la representación diplomática de EE. UU.
Estados Unidos busca una votación para convocar a los cancilleres de los países miembros de la OEA y aprobar medidas colectivas o unilaterales sobre la dictadura Ortega Murillo, atenazada al poder desde 2006.
Nicaragua, con una población aproximada de 6,8 millones de habitantes y una economía altamente dependiente de las remesas familiares y exportaciones a Estados Unidos, atraviesa una profunda crisis de represión y derechos humanos desde 2018.
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Giros en la narrativa de la dictadura
La tensión diplomática aumentó luego de que Daniel Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en la nación centroamericana no volvería a haber elecciones para que la oposición disputase el poder.
El viernes 7 de agosto, en un virulento discurso de odio, Murillo reinterpretó su propio discurso y el anuncio oficial de Ortega, negando que el dictador hubiera anunciado la eliminación de las elecciones.
En su intervención llena de insultos y diatriba, la co dictadora cuestionó además a los medios de comunicación que difundieron el mensaje del octogenario caudillo, en un intento por disputar la versión que se había extendido internacionalmente desde el 19 de julio.
El debate alcanzó también a la propia Secretaría General de la OEA, de bajo perfil bajo su secretario general, Albert Ramdin.
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Ramdin clama por respuestas
En un artículo publicado el 7 de agosto por The Washington Post, Ramdin rechazó el anuncio de Ortega y sostuvo que la crisis nicaragüense no puede considerarse exclusivamente un asunto interno.
El secretario general de la organización defendió una respuesta hemisférica firme y llamó a los gobiernos de la región a respaldar medidas adicionales frente al cierre del espacio democrático en Nicaragua.
Ramdin recordó que el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobiernos está contemplado en la Carta de la OEA y sostuvo que la eliminación de elecciones representa un problema que trasciende las fronteras nicaragüenses.
Su posición coincide con la iniciativa estadounidense de trasladar la discusión desde las condenas individuales hacia una acción coordinada dentro del organismo hemisférico.
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Lo que viene…
El siguiente paso dependerá de la capacidad de Washington para reunir los 18 votos necesarios en el Consejo Permanente.
La Carta de la OEA establece que una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores requiere una mayoría absoluta del Consejo, pero México y Brasil rechazan sanciones y abogan “por diálogo” con el régimen.
Por ahora, Estados Unidos ha anunciado que negociará con sus aliados antes de someter su propuesta a votación.
El pulso diplomático se desarrolla mientras Managua avanza en una reforma que busca extender a siete años los períodos de las autoridades y establecer nuevas restricciones para la participación política de opositores.
Así, aunque el régimen sostiene ahora que habrá elecciones, el debate dentro de la OEA se centra en si esos procesos permitirán una competencia política efectiva o estarán diseñados para impedir una alternancia en el poder.