Un ciudadano venezolano, Neiyerver Adrián León Rengel, de 27 años, presentó el jueves una denuncia formal contra el gobierno de Estados Unidos, alegando haber sido deportado injustamente y sin el debido proceso hacia El Salvador, donde fue recluido en el penal de máxima seguridad CECOT, reconocido como la prisión más estricta del país.
La queja administrativa fue presentada ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y está amparada en la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (Federal Tort Claims Act). Esta ley permite solicitar compensación monetaria por actos ilícitos cometidos por empleados federales. León Rengel exige una indemnización de $1.3 millones, alegando violaciones legales y abusos cometidos durante su detención y deportación.
Según el documento, agentes del DHS lo arrestaron en el estacionamiento de su apartamento en Irving, Texas, acusándolo de pertenecer a la banda criminal venezolana Tren de Aragua, basándose únicamente en sus tatuajes, gestos y vestimenta. Fue trasladado sin explicaciones a El Salvador, donde estuvo incomunicado por más de cuatro meses, sufriendo tortura física, verbal y psicológica, según su denuncia.
La deportación se dio bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, invocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su política de deportaciones masivas. Esta ley, utilizada históricamente solo en tiempos de guerra, permite la expulsión de personas consideradas un riesgo a la seguridad nacional por su supuesta lealtad a una nación extranjera.
En marzo, la administración del presidente Trump deportó a 252 venezolanos a El Salvador como parte de su estrategia para combatir supuestos integrantes de bandas criminales extranjeras. Muchos de ellos fueron acusados de pandilleros sin evidencia concluyente y posteriormente fueron retornados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros.
La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la acción y aseguró que Rengel “representaba una amenaza para la seguridad pública” y que tanto el presidente Trump como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, seguirán actuando “contra enemigos terroristas extranjeros que pongan en peligro a los estadounidenses”.
No obstante, familiares y defensores legales de varios deportados han afirmado que las acusaciones fueron arbitrarias y que muchos fueron señalados solo por su apariencia. El caso de León Rengel, al ser el primero en interponer una acción formal, podría abrir la puerta a más denuncias similares por parte de otros venezolanos que vivieron procesos similares.
Rangel y el resto de venezolanos fueron liberados en un canje que implicó a los gobiernos de Estados Unidos, Venezuela y El Salvador el pasado fin de semana. Además fueron liberados 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y un número no determinado de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.
