Una corte federal de apelaciones en Boston rechazó el intento del gobierno de Donald Trump de revocar el programa de ‘parole’ humanitario —conocido como CHNV— que permite a más de 530,000 nicaragüenses cubanos, haitianos y venezolanos residir legal y temporalmente en Estados Unidos.
La decisión respalda la orden de la jueza federal Indira Talwani, quien en abril bloqueó temporalmente la cancelación de este beneficio migratorio creado durante la administración de Joe Biden.
El fallo representa un duro revés para la ofensiva antimigrante que Trump ha impulsado desde que retomó la Casa Blanca en enero de 2025, marcando una era de políticas migratorias inéditamente restrictivas, con reportes de detenciones ilegales, deportaciones sumarias a terceros países, y traslados irregulares de migrantes a bases como Guantánamo o cárceles en El Salvador.
El gobierno de Trump, a través de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, había argumentado que tenía autoridad para anular de manera categórica los ‘paroles’ sin necesidad de revisar cada caso individualmente.
Sostuvo que mantener el estatus vigente obligaba al Ejecutivo a “retener a cientos de miles de extranjeros en el país”, lo cual, según su visión, contravenía las políticas de seguridad nacional adoptadas bajo su mandato.
Sin embargo, la corte de apelaciones reafirmó que la suspensión del ‘parole’ no puede realizarse de forma masiva, sin considerar las circunstancias particulares de cada beneficiario. “No se ha demostrado ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a personas a quienes se les concedió permiso de permanencia temporal a salir del país o quedar indocumentados”, escribió la jueza Talwani en su dictamen.
La magistrada, nominada en su momento por Barack Obama, enfatizó que revocar de manera abrupta los permisos de trabajo y residencia causaría un daño irreparable a los migrantes y a las comunidades donde viven y contribuyen económicamente.
“Tampoco es de interés público declarar sumariamente que cientos de miles de personas ya no se consideran legalmente presentes en el país, impidiéndoles trabajar legalmente y mantener a sus familias”, subrayó.
Durante audiencias anteriores, Talwani también había desafiado los argumentos del gobierno de Trump, cuestionando la lógica de afirmar que el programa CHNV ya no cumplía su propósito.
Según la jueza, poner a los inmigrantes en una disyuntiva de “huir del país” o “arriesgarlo todo” viola los principios de debido proceso y protección humanitaria.
La abogada Karen Tumlin, del Justice Action Center, celebró el fallo y calificó las acciones del gobierno de “imprudentes e ilegales”. “Este intento de cancelar el parole no solo es cruel, sino también una interpretación errónea de la ley”, declaró a la agencia Reuters.
Un ataque más amplio a los migrantes bajo la era Trump II
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha desatado una nueva fase de políticas antimigrantes caracterizadas por una dureza sin precedentes.
Además de intentar eliminar programas como el CHNV, su administración ha implementado deportaciones exprés, presiones diplomáticas a terceros países para aceptar deportados, y reportes de traslados de solicitantes de asilo a bases militares y cárceles fuera de Estados Unidos.
El ‘parole’ CHNV fue uno de los principales instrumentos de la administración Biden para gestionar la migración de nacionales de países en crisis.
Desde su creación en 2022, permitió la entrada ordenada, en vuelos comerciales, de migrantes que contaran con patrocinadores en EE.UU., quienes debían comprometerse a su manutención inicial.
A cambio, los beneficiarios recibían permisos de trabajo y residencia temporal por dos años, con la opción de solicitar otros estatus migratorios como asilo o TPS (Estatus de Protección Temporal).
Los primeros beneficiarios fueron venezolanos, en respuesta al éxodo masivo provocado por la crisis política y económica en su país. Posteriormente, el programa se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses, quienes también sufren de dictaduras, represión, pobreza y violencia en sus países.
A pesar de las críticas de sectores conservadores que acusaban a Biden de abrir la frontera, el programa CHNV fue defendido como un mecanismo efectivo de control migratorio ordenado y seguro. Actualmente, no se sabe cuántos beneficiarios lograron transitar hacia otros estatus legales definitivos.
La administración Trump aún tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema, aunque el fallo de Boston marca un precedente judicial importante que limita su capacidad para desmantelar el programa sin un proceso más riguroso y respetuoso de los derechos individuales de los migrantes.
Mientras tanto, miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos permanecen en una situación de incertidumbre, pero con un respiro temporal, gracias a la decisión de la corte de apelaciones que, por ahora, les permite seguir trabajando y viviendo en el país que los acogió bajo condiciones humanitarias.
