El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes una nueva política de restricción de visados para ciudadanos extranjeros y sus familiares directos que socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en el Hemisferio Occidental.
La medida, anunciada bajo la Administración Trump, se aplicará en virtud de la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y busca cumplir los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y reafirmados por los líderes del Escudo de las Américas el 22 de septiembre. El Departamento de Estado señaló que el mecanismo permitirá actuar rápidamente y en coordinación con otros países conforme se recaben pruebas.
Estados Unidos comenzó a aplicar las restricciones en apoyo de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países participantes en la iniciativa Escudo de las Américas.
En Bolivia, las autoridades estadounidenses revocaron los visados vigentes de 12 ciudadanos y sus familias: Martín Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Alberto Zeballos Flores, Rosario Ximena Flores Paniagua, Iván Manolo Lima Magne, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Israel Ramiro Campero Méndez, Alberto Samuel Soto de la Vía, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi. Otros nueve bolivianos que actualmente no tienen visado, junto con sus familias, quedaron, en general, excluidos de obtenerlo.
En Colombia, el Departamento de Estado revocó los visados del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, afiliada a Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), así como los de sus familias. En Ecuador, la Administración Trump impuso restricciones a dos ciudadanos y sus familias y revocó los visados de ambos, aunque el comunicado no reveló sus nombres.
La política también alcanzó a Perú, donde Estados Unidos revocó el visado vigente de Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y el de su familia.
Las medidas fueron adoptadas conforme al artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que impide el ingreso de personas cuya entrada o actividades propuestas pudieran generar consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.
El Departamento de Estado también anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su participación en actos de corrupción significativa. La decisión deja, en general, a Mariaca y a los integrantes de su familia inmediata sin posibilidad de ingresar a Estados Unidos.
Según el comunicado estadounidense, Mariaca fue elegido en 2024 para un período de seis años como fiscal general durante el gobierno del presidente Luis Arce y anteriormente se desempeñó como fiscal general de Santa Cruz. El Departamento de Estado lo acusa de abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
La designación de Mariaca se realizó conforme a la sección 7031(c) de la Ley de Seguridad Nacional y Asignaciones del Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026. Esa disposición establece la designación pública o privada de funcionarios extranjeros y familiares directos cuando exista información fidedigna sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.
