Bolivia enfrenta una creciente crisis política y social tras más de dos semanas de protestas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos entre manifestantes y policías en La Paz, en medio del descontento por las medidas económicas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
Las manifestaciones comenzaron a inicios de mayo con huelgas convocadas por sindicatos y posteriormente se extendieron a nivel nacional con la participación de mineros, transportistas, trabajadores y grupos rurales. Los sectores protestan contra las políticas de austeridad, el aumento del costo de vida y la eliminación de subsidios a los combustibles.
Miles de simpatizantes del expresidente Evo Morales se concentraron el lunes frente a la sede del gobierno en La Paz para exigir la salida de Paz. Durante los disturbios se registraron enfrentamientos con fuerzas de seguridad, detonaciones de dinamita y barricadas incendiadas en el centro de la capital boliviana.
La tensión política también provocó reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó respaldo al gobierno boliviano y advirtió que Estados Unidos no permitirá un derrocamiento de Paz.
“No se equivoquen: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”, dijo Rubio en un mensaje publicado en la red social X.
Bloqueos de rutas
Las autoridades desplegaron policías y militares para intentar liberar los bloqueos que mantienen paralizadas varias rutas del país desde hace 16 días. Las protestas ya provocaron escasez de alimentos, combustible y algunos insumos médicos, mientras empresarios aseguran que las pérdidas económicas superan los $50 millones diarios.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, acusó a Morales de promover la crisis para evitar enfrentar un juicio por presunto tráfico de personas. El exmandatario enfrenta cargos relacionados con supuestos favores políticos concedidos a familiares de una menor de edad y recientemente fue emitida una nueva orden de captura tras no presentarse ante un tribunal.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que las movilizaciones responden al rechazo popular contra “la implementación del modelo neoliberal”. Además sostuvo que “es justo y necesario que las miles de víctimas del ‘combustible sucio’ inicien una acción civil”.
Gobiernos latinoamericanos aliados emitieron además un pronunciamiento conjunto en defensa del orden democrático boliviano, mientras Argentina anunció un puente aéreo humanitario para aliviar la escasez en algunas ciudades afectadas por los bloqueos.
