Estados Unidos pierde cada año decenas de miles de millones en ingresos arancelarios debido al transbordo ilegal de mercancías procedentes de países sujetos a mayores tarifas a través de terceros mercados, según un informe publicado en agosto de 2026 por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca. El documento identifica a más de 40 países asociados con un riesgo elevado de estas operaciones y señala a China como el principal origen histórico de estos flujos.
El reporte, titulado The Great Transshipment Scam, (La gran estafa del transbordo) explica que los exportadores pueden aprovechar las diferencias entre los aranceles aplicados por Estados Unidos a cada país para enviar productos a través de mercados con tarifas menores. Entre las prácticas utilizadas menciona el reetiquetado, reempaque, refacturación, procesamiento menor y declaraciones falsas sobre el país de origen antes de introducir las mercancías al mercado estadounidense.
La Casa Blanca sostiene que este fenómeno adquirió mayor dimensión después de que el presidente Donald Trump impuso en 2018 los aranceles de la Sección 301 contra productos chinos. Tras esas medidas, la participación directa de China en las importaciones estadounidenses comenzó a disminuir, mientras aumentó conjuntamente la de los países que actualmente son considerados de mayor riesgo de transbordo. Sin embargo, el propio informe reconoce que esa relación no significa que todo ese comercio sea ilegal, pues parte del cambio responde a modificaciones legítimas en la producción, inversión y cadenas de suministro.
Más de 40 países bajo análisis
El Gobierno estadounidense divide la denominada “Red de Transbordo en la Sombra” en tres categorías. En el primer grupo coloca a grandes socios comerciales con amplias estructuras industriales, entre ellos Canadá, México, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Taiwán y la Unión Europea; mientras que Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam aparecen en un segundo nivel por su mayor integración económica con cadenas de suministro vinculadas con China.
Un tercer grupo reúne a economías de menor tamaño que, según el documento, presentan características aprovechables para redirigir mercancías, como zonas francas, mano de obra de bajo costo, puertos, almacenamiento aduanero, ensamblaje especializado o acceso preferencial al mercado estadounidense.
El informe sostiene que este tipo de centros puede facilitar operaciones de reexportación mediante zonas francas, consolidación de contenedores, almacenamiento y emisión de nueva documentación comercial.
La Casa Blanca advierte, no obstante, que esas infraestructuras también sirven al comercio legítimo y que la identificación de un país como zona de riesgo no implica que todas sus exportaciones correspondan a operaciones ilegales.
Costa Rica y Panamá aparecen entre países de riesgo
La Casa Blanca incluyó a Costa Rica y Panamá en la lista de más de 40 países y jurisdicciones asociados con un riesgo elevado de transbordo ilegal de mercancías para evadir los aranceles impuestos por Estados Unidos, según un informe publicado en agosto por la Oficina de Política Comercial y Manufacturera estadounidense.
El informe menciona específicamente a Costa Rica y Panamá, a los que coloca en el tercer nivel de su denominada “Red de Transbordo en la Sombra”.
Esta categoría agrupa a economías más pequeñas con menores volúmenes absolutos de transbordo, pero que, según el Gobierno estadounidense, poseen características que pueden ser aprovechadas para redirigir productos relacionados con China.
La Casa Blanca señala que estos países pueden ofrecer ventajas como zonas francas, acceso a puertos o fronteras, almacenamiento aduanero, capacidad de ensamblaje y acceso preferencial al mercado estadounidense. En el caso concreto de Costa Rica y Panamá, el informe destaca su acceso marítimo, infraestructura de zonas francas y plataformas para la reexportación de mercancías.
Ambos países centroamericanos vuelven a aparecer en otra clasificación del documento bajo la categoría de “puertas de entrada marítimas”, junto con República Dominicana, Malasia, Omán y Emiratos Árabes Unidos. La Casa Blanca atribuye a este grupo funciones como la reexportación mediante zonas francas, tránsito por puertos de aguas profundas, consolidación de contenedores y refacturación.
Hasta $303,000 millones bajo estimaciones
Para dimensionar el fenómeno, el informe recopila cinco estimaciones gubernamentales y privadas que sitúan los posibles flujos anuales relacionados con el transbordo entre $40,000 millones y $303,000 millones. Goldman Sachs calcula unos $40,000 millones; el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca utiliza una estimación central de $60,000 millones; Exiger estima $75,000 millones; el Departamento de Comercio establece una referencia de $109,000 millones y Altana eleva la exposición potencial hasta $303,000 millones. El documento recalca que las cifras utilizan metodologías diferentes y no son acumulativas.
Dependiendo del volumen estimado y de la diferencia arancelaria aplicada, las pérdidas para el fisco estadounidense podrían alcanzar decenas de miles de millones cada año. En el escenario más amplio presentado en el reporte, una exposición de $303,000 millones produciría pérdidas arancelarias estimadas de entre $76,000 millones y $136,000 millones, mientras que los escenarios más conservadores calculan pérdidas desde unos $10,000 millones anuales.
La administración Trump plantea combatir estas operaciones mediante mayores controles aduaneros y un sistema apoyado en inteligencia artificial denominado “Detective Border”, diseñado para cruzar datos de embarques, rutas comerciales, clasificaciones de productos, relaciones empresariales y capacidad productiva. La herramienta buscaría distinguir las inversiones y procesos legítimos de manufactura de las operaciones utilizadas únicamente para cambiar el origen aparente de las mercancías y evadir los aranceles estadounidenses.
