La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este viernes una apelación del gobierno del expresidente Donald Trump que buscaba reactivar deportaciones rápidas de migrantes venezolanos, acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, mediante una antigua ley conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798.
Con una votación de 7 a 2, el alto tribunal decidió mantener de forma temporal el bloqueo impuesto por cortes inferiores, que impide al Ejecutivo aplicar expulsiones exprés sin que los migrantes tengan oportunidad real de ejercer su derecho a defensa. La resolución incluye el respaldo de dos jueces conservadores nominados por Trump, mientras que los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas manifestaron su desacuerdo.
La deportación de venezolanos involucra a El Salvador, donde han sido recluidos al menos 250 de ellos en la megacárcel de Nayib Bukele, la prisión de máxima seguridad más grande de Latinoamérica.
Un acuerdo entre los 2 gobiernos permite que los prisioneros sean enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido para albergar a por los menos 40,000 pandilleros.
Estados Unidos paga a El Salvador por “el servicio de prisión”.
El fallo: más tiempo y garantías mínimas
El tribunal consideró insuficiente el procedimiento que se estaba aplicando, el cual apenas otorgaba un aviso de 24 horas antes de la expulsión, sin orientación clara sobre cómo apelar o frenar la deportación. Según el dictamen, esto vulnera el principio de debido proceso garantizado por la Constitución.
“Un aviso de aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, sin información sobre cómo ejercer los derechos de debido proceso para apelar la remoción, no es suficiente”, señaló el fallo.
La decisión no anula de forma definitiva la política impulsada por Trump, pero ordena que el caso regrese al Quinto Circuito para una revisión más detallada sobre los derechos procesales de los migrantes afectados, quienes actualmente se encuentran detenidos en el estado de Texas.
Una política bajo escrutinio legal
La demanda que dio origen al caso fue presentada por un ciudadano venezolano que cuestionó la legalidad de su detención y el proceso de deportación acelerado al que fue sometido. Desde entonces, se ha convertido en un caso de referencia sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria y el alcance de leyes antiguas en contextos modernos.
El gobierno de Trump argumentaba que podía aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros en casos de seguridad nacional. Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema advirtieron que incluso bajo ese argumento, los procedimientos deben ajustarse a los principios constitucionales de justicia y legalidad.
