La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica presentó una acusación penal contra el exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), al que señala de haber utilizado su cargo público para favorecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y el blanqueo de capitales, en un caso que ilustra la infiltración del crimen organizado en la política y las instituciones del país centroamericano.
De acuerdo con la acusación, el excongresista es sospechoso de cometer los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio durante el periodo comprendido entre 2018 y 2021. La investigación sostiene que Cascante gestionó presiones y contactos en al menos tres entidades estatales —el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU)— para obtener avales y respaldos a proyectos empresariales impulsados por miembros de una red de narcotráfico conocida como “el caso Turesky”.
La Fiscalía asegura que, aunque las gestiones no derivaron en beneficios concretos —pues los funcionarios no accedieron a sus peticiones—, el exdiputado recibió pagos en dádivas a través del sistema nacional de transferencias bancarias (SINPE). El señalamiento se apoya en un informe de la Procuraduría de la Ética Pública, que documentó al menos 13 intervenciones del exlegislador a favor de los empresarios investigados.
La #Fiscalía Anticorrupción informa que acusó a un exdiputado por buscar favorecer al grupo criminal del caso conocido como “Turesky”.
Se le acusó por los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio. ⚖️
— MinisterioPúblico CR (@FiscaliaCR) July 3, 2025
Reuniones y proyectos para encubrir dinero ilícito
Entre las gestiones atribuidas a Cascante figura la promoción de dos proyectos inmobiliarios que, según la acusación, fueron mecanismos para dar apariencia de legalidad a fondos provenientes del narcotráfico: un complejo turístico en la comunidad de Portete, en Limón, y un condominio de apartamentos en Purral de Goicoechea. Ambos proyectos estaban vinculados a Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., una empresa representada por Luis Guillermo Cartín Herrera y Alejandro José Cartín Ramírez, este último médico costarricense que enfrenta cargos por narcotráfico y legitimación de capitales.
El informe PEP-OFI-761-2022 reprocha que el entonces diputado aprovechó su investidura, su acceso a recursos públicos y su influencia política para “procurar beneficios privados a personas investigadas, sin demostrar transparencia, imparcialidad ni integridad”.
La Procuraduría criticó especialmente que Cascante gestionara reuniones ante jerarcas del ICT y mencionara los proyectos ante el expresidente Carlos Alvarado, así como su insistencia ante ejecutivos del Banco Popular y funcionarios del INVU y del Banco Hipotecario de la Vivienda.
Según el expediente, los socios de estos proyectos visitaron con frecuencia la oficina legislativa de Cascante: se documentaron siete visitas de Cartín Herrera, cuatro de Cartín Ramírez y ocho de otro empresario apellidado Soto Rivera.
El Ministerio Público comunicó el pasado 23 de junio la acusación formal a la Procuraduría General de la República (PGR), que en los próximos días deberá decidir si presenta una querella penal y una acción civil resarcitoria para reclamar indemnización por los perjuicios causados al Estado.
Posteriormente, el caso será remitido al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública para decidir si se abre juicio contra el exdiputado. El proceso se tramita bajo el expediente 19-000050-0033-PE.
La organización criminal “Turesky” y sus conexiones
La red criminal que dio origen a la investigación se encuentra acusada por tráfico internacional de cocaína, legitimación de capitales y otros delitos conexos. Se le atribuye el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Europa, principalmente mediante la contaminación de contenedores de exportación en el puerto de Moín, operado por APM Terminals, en el Caribe costarricense.
La estructura, descrita por la Fiscalía como una organización jerárquica piramidal, estaba liderada por Alejandro Antonio James Wilson, alias “Turesky”, quien da nombre al caso. Su primo, Fernando Cartín Ceba, fungía como sublíder y enlace operativo con el resto de la red. Entre los acusados figura también Alejandro José Cartín Ramírez, el médico que, según la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, jugó un papel clave en las operaciones logísticas y financieras.
Cartín Ramírez está imputado de participar en la distribución de estupefacientes dentro y fuera de Costa Rica y de utilizar sociedades, propiedades y cuentas bancarias como plataformas de lavado de activos. Las pesquisas sostienen que entre julio de 2018 y mayo de 2021, la organización acumuló propiedades, vehículos y sociedades mercantiles cuyo origen no guarda relación con actividades lícitas.
El médico también se encuentra vinculado a un incidente que ha causado fuerte repercusión política: firmó un dictamen médico con el que se pretendía trasladar a Celso Gamboa —exmagistrado y exministro de Seguridad, capturado por este caso— desde el penal de máxima seguridad La Reforma hacia otro centro de detención, argumentando razones de salud y seguridad personal. La defensa de Gamboa presentó la solicitud de traslado apenas un día después de su arresto. Este hecho reavivó las sospechas sobre la forma en que la organización habría influido en la esfera política y judicial.
Impacto político y social
El caso ocurre en un contexto en el que la sociedad costarricense debate sobre el creciente poder del narcotráfico y su capacidad de infiltrar instituciones públicas. Durante años, Costa Rica ha sido considerada uno de los países más estables de Centroamérica, pero su ubicación estratégica y la debilidad de los controles aduaneros han convertido su territorio en un punto clave para el tránsito de droga rumbo a Estados Unidos y Europa.
La acusación contra el exdiputado Cascante es la primera que vincula de manera directa a un miembro del Congreso con una red de tráfico internacional en este proceso específico. Según analistas consultados por medios locales, el expediente refleja cómo los grupos criminales pueden aprovechar la cercanía con autoridades para gestionar proyectos de fachada y obtener respaldo institucional.
Por ahora, la Fiscalía no ha solicitado medidas cautelares contra Cascante, que se encuentra en libertad mientras avanza el proceso. La audiencia preliminar, donde se decidirá si la acusación da lugar a la apertura de juicio, podría realizarse en los próximos meses.
La causa penal contra los restantes 23 acusados de la organización Turesky se encuentra en etapa intermedia. La Fiscalía anticipa que solicitará penas que podrían superar los 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Costa Rica, que tradicionalmente ha basado su prestigio democrático en la transparencia institucional, afronta con este caso uno de los procesos judiciales más complejos de los últimos años, que pone a prueba la capacidad de sus instituciones para resistir la presión de redes criminales transnacionales.
