El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que solicitará formalmente a Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), investigado por presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El reclamo internacional revive la oscura fama de que Nicaragua, bajo la dictadura de la familia Ortega Murillo, admite a los prófugos de la justicia internacional a cambio de compartir un porcentaje de la riqueza mal habida.
González se encuentra en Managua, donde obtuvo residencia con el aval del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en medio de denuncias de que diplomáticos colombianos facilitaron el trámite.
El mandatario colombiano dijo en su cuenta de X: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.
El refugio González y la polémica diplomática
La permanencia de González en Nicaragua ha desatado polémica política en Bogotá, luego de que medios revelaran que la embajada colombiana en Managua gestionó la renovación de su residencia el mismo día en que la Fiscalía lo imputó por cohecho y peculado por apropiación.
El exfuncionario habría vivido varios meses en la residencia diplomática, junto a su esposa y con el beneplácito del entonces embajador León Fredy Muñoz.
Aunque la cancillería colombiana se desligó de esa gestión, documentos oficiales muestran que la Dirección General Consular de Nicaragua aprobó de inmediato la residencia a cambio de un pago de 56 dólares, un trámite exprés que coincidió con la investigación judicial en Bogotá.
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Nicaragua, refugio recurrente de prófugos
El caso de González es recurrente. Desde hace más de una década, Nicaragua se ha convertido en refugio de figuras acusadas de corrupción, narcotráfico o terrorismo en distintos países de América Latina y Europa.
En 2024, el expresidente panameño Ricardo Martinelli buscó asilo en Managua tras enfrentar acusaciones de espionaje y corrupción en su país.
En 2008, la dictadura sandinista dio residencia a exguerrilleras de las FARC requeridos por la justicia colombiana, alegando “razones humanitarias”.
También pasaron por Nicaragua expresidentes salvadoreños acusados de malversación de fondos, como Salvador Sánchez Cerén y Mauricio Funes, quien fue naturalizado y protegido pese a múltiples órdenes de captura de Interpol.
En años recientes, el país otorgó ciudadanía a antiguos cuadros de la izquierda latinoamericana y a personas ligadas a casos de lavado de dinero en Honduras, Guatemala y México.
El patrón se repite: personajes con causas judiciales abiertas encuentran en Managua una puerta abierta para evitar la extradición.
La estrategia oficial se ampara en la discrecionalidad de las autoridades migratorias y en un discurso de “solidaridad revolucionaria”, que en la práctica se ha traducido en impunidad.
Un país que brinda refugio a terroristas
Nicaragua no solo ha ofrecido residencia, también ha concedido pasaportes y nacionalidad a prófugos. El caso más emblemático es el de Alessio Casimirri, exmilitante italiano condenado por terrorismo por su participación en el secuestro y asesinato de Aldo Moro en 1978.
Casimirri vive en Managua desde los años ochenta, donde se instaló con negocios de hostelería y vive protegido sistemáticamente de cualquier intento de extradición por parte de Italia.
El refugio otorgado a figuras políticas y empresarios investigados ha fortalecido la percepción de que el régimen Ortega-Murillo utiliza el sistema migratorio como herramienta política.
Críticos señalan que la dictadura ofrece protección a cambio de lealtades diplomáticas o de recursos económicos, mientras mantiene encarcelados y desterrados a cientos de opositores nicaragüenses.
