La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la 25a. prórroga del régimen de excepción y que después de poco más de 2 años de vigencia se ha convertido en una de las principales herramientas de la soñada guerra contra las pandillas que impulsa el presidente Nayib Bukele.
Como se esperaba, con una mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, la medida que restringe garantías ciudadanas y permite arrestos sin órdenes judiciales fue extendida por un mes más, entre aplausos de ciudadanos y acusaciones de organismos defensores de derechos humanos.
Desde que se implantó, en marzo de 2022, el gobierno ha logrado encarcelar a poco más de 79,000 pandilleros y alcanzado índices históricos en la disminución de la violencia.
En este momento, el Pleno Legislativo debate una nueva prórroga para el régimen de excepción.
La vida y la seguridad de los salvadoreños nunca serán negociables. Tenemos claro que esta es la medida más exitosa para llevar a El Salvador por el camino de la paz. pic.twitter.com/vnE9ZbOsIa
— Ernesto Castro (@ECastroES) April 9, 2024
Las maras, hasta hace poco una especie de cogobierno que controlaba enormes territorios del país, han sido desbaratadas con “el modelo Bukele”, uno de mano dura que ha tentado a gobernantes de otros países a replicarlo.
Pero mientras los ciudadanos que han recobrado la tranquilidad por poder movilizarse sin temor a ser extorsionados, asaltados y hasta asesinados insisten en los beneficios que les ha traído la política de seguridad, los críticos del mandatario aseguran que más de 200 prisioneros han muerto torturados o privados de atenciones médicas en los penales. Lo acusan también de haber arrestado a cientos de inocentes porque la normativa es atentatoria contra los derechos humanos.
