Un ciudadano hondureño fue condenado a ocho años de prisión en Estados Unidos por participar en un millonario esquema de fraude fiscal que permitió el pago ilegal de salarios en efectivo y facilitó la contratación de inmigrantes sin autorización para trabajar en ese país.
El Departamento de Justicia informó que Mario Flores fue sentenciado a 96 meses de cárcel tras declararse culpable de conspirar para defraudar al Gobierno estadounidense y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2015 y 2022 Flores y sus colaboradores crearon una red de empresas ficticias para administrar un servicio clandestino de cambio de cheques y transporte de efectivo dirigido principalmente a subcontratistas del sector de la construcción.
Las autoridades indicaron que, mediante este mecanismo, las compañías involucradas cambiaron cheques por aproximadamente $89 millones, cobrando una comisión por el servicio y entregando posteriormente el dinero en efectivo a los contratistas para pagar a sus empleados fuera de la nómina oficial.
El esquema permitió que empresas constructoras y subcontratistas evitaran retener y pagar los impuestos sobre la nómina exigidos por la legislación estadounidense, además de contratar trabajadores sin verificar si contaban con autorización legal para laborar en el país.
La investigación determinó que el fraude provocó pérdidas superiores a $38 millones para el Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, Flores presentó documentación tributaria falsa ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) con el propósito de ocultar las operaciones ilegales.
Las autoridades también establecieron que la organización defraudó a compañías aseguradoras de compensación laboral al alquilar certificados de seguro a contratistas y proporcionar información falsa sobre el número de trabajadores cubiertos y los salarios pagados.
El caso involucra a otros integrantes de la red que ya fueron condenados. Iris Villafranca recibió una pena de 17 años de prisión, además de la obligación de pagar más de $38 millones en restitución y decomisar $89 millones obtenidos mediante el esquema fraudulento.
Por su parte, Osman Zapata fue sentenciado a más de cuatro años de prisión y deberá restituir más de $2.5 millones, mientras que Francisco Álvarez recibió cuatro años de libertad condicional y fue condenado a pagar más de $2.3 millones. Otro de los implicados, Michael Mayorga, permanece a la espera de conocer su sentencia.