Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares, un mecanismo internacional destinado a proteger a personas que enfrentan situaciones graves y urgentes.
La petición fue presentada por Estuardo Cárdenas y Flor de María Gálvez, quienes forman parte de un grupo minoritario dentro de la CSJ. Los funcionarios habían denunciado semanas atrás actos de intimidación relacionados con investigaciones sobre funcionarios del sistema judicial.
El caso tomó fuerza después de que el Ministerio Público (MP) solicitara información sobre los nombramientos de ambos magistrados y de integrantes de Salas de Apelaciones. Cárdenas y Gálvez denunciaron entonces una situación de intimidación y ahora buscan protección fuera del país.
El MP sostiene, sin embargo, que los magistrados aparecen como posibles víctimas dentro de una investigación iniciada en junio de 2024 por la alteración y exposición de datos personales de funcionarios públicos de alto rango. Según la Fiscalía, posteriormente también se registraron amenazas que contenían información personal de las víctimas.
Las medidas cautelares de la CIDH pueden ser otorgadas cuando el organismo considera que existe una situación grave y urgente y un riesgo de daño irreparable. En esos casos, la Comisión puede pedir al Estado involucrado que adopte acciones inmediatas para proteger a las personas afectadas.
El Organismo Judicial señaló que los magistrados están en su derecho de acudir ante las instancias que consideren necesarias, pero no respondió si reforzará su seguridad. El episodio abre un nuevo frente de tensión en el sistema de justicia de Guatemala y lleva el conflicto interno de la Corte Suprema hasta una instancia internacional.