La represión política continúa extendiéndose en Nicaragua y alcanza a sectores cada vez más diversos de la población. Entre junio y julio de este año fueron documentadas violaciones de derechos humanos contra hombres, mujeres, niños, profesionales y personas vinculadas incluso con el oficialismo.
De las personas afectadas, 59 son hombres y 50 mujeres. El Monitoreo Azul y Blanco (MAB) advirtió además sobre una mayor presencia de mujeres y menores entre las víctimas respecto de períodos anteriores.
Durante los dos meses analizados se contabilizaron 31 detenciones arbitrarias, de las cuales 10 terminaron posteriormente en liberaciones. El monitoreo también registró casos de desaparición forzada, entre ellos los de menores de edad, en medio de las dificultades que enfrentan las familias para denunciar por temor a represalias.
El reporte sostiene que la persecución ya no se limita a los arrestos. Las organizaciones identificaron medidas administrativas, laborales, patrimoniales y territoriales utilizadas como mecanismos de presión y control sobre ciudadanos, familias y sectores profesionales.
Uno de los datos que más llama la atención es la situación de los abogados: el MAB recibió 29 reportes de suspensiones arbitrarias del ejercicio profesional. Entre los afectados aparecen opositores, empleados estatales, simpatizantes sandinistas y personas que anteriormente fueron cercanas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La presión también alcanzó el patrimonio privado. Solo durante julio fueron reportados 19 casos de confiscación o traspaso de bienes, entre ellos 14 propiedades particulares transferidas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El MAB considera que las 109 víctimas representan un “mínimo verificable”, debido al miedo, la vigilancia y las dificultades existentes para documentar todos los casos.