La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala enfrentó un ataque cibernético que afectó servicios tecnológicos esenciales y obligó al tribunal a suspender el pleno previsto para el pasado lunes.
El incidente tuvo características de una extorsión informática: los responsables exigieron el pago de una suma de dinero, aunque hasta ahora las autoridades no han revelado el monto ni identificado públicamente a los posibles atacantes.
La gravedad de la falla quedó reflejada en un informe de la Dirección de Tecnologías de Información de la CC, que reportó la indisponibilidad de servicios críticos y de sistemas necesarios para desarrollar las actividades del tribunal.
Tras detectar el ataque, la institución activó sus protocolos de seguridad y contingencia. Los técnicos trabajan para determinar el alcance del incidente, contener sus efectos y recuperar progresivamente los servicios afectados.
Resguardo de datos
La Corte aseguró además que mantiene respaldos institucionales íntegros y disponibles, lo que permitiría restaurar la información almacenada en los servidores y en la infraestructura tecnológica comprometida. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre una pérdida de datos.
El tribunal acordó presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que investigue el ataque y determine quiénes estuvieron detrás del intento de extorsión. El episodio vuelve a poner bajo atención la seguridad digital de las instituciones públicas de Guatemala y los riesgos que enfrentan infraestructuras esenciales del Estado ante el crecimiento de las amenazas cibernéticas.
