La Dirección de Geología y Minas (DGM) está dando trámite a una denuncia en la que se asegura que un bache en la calle de Pozo Azul en Abangares provocó que la vía colapsara y revelara una red de túneles que estarían siendo usados para actividades mineras ilegales.
Según la denuncia del DGM, un “profundo hueco” apareció en la calle de Pozo Azul y los vecinos descubrieron bajo tierra una serie de túneles para supuesta minería ilegal, mientras tanto, otra denuncia también fue presentada ante el Ministerio Público por extracción ilegal en Las Juntas de Abangares.
La denuncia de los vecinos fue interpuesta a finales de julio porque el hueco en la calle y los túneles comprometería la estabilidad de la vía, donde transitan vehículos y peatones. El hueco inicial que se formó tiene al menos 10 metros de profundidad.
Al bajar a investigar, los vecinos descubrieron los tunes utilizados como “pasadizos secretos” que estaban sostenidos en madera, además, habían cascos tirados y otros huecos profundos. Tras la divulgación del caso, la DGM ha programado una inspección en el lugar.
Un tema complicado
Este hecho enciende nuevamente las alarmas del avance de la minería ilegal en Costa Rica, ya no solo en zonas cercanas de Crucitas, donde los nicaragüenses ingresan para llevarse sacos de sedimentos sacados con técnicas rudimentarias que afectan la salud de los vecinos y el medio ambiente.
Mientras tanto, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate las reformas a a Ley de Crimen Organizado para que la minería ilegal sea considerada crimen organizado y aumento las penas de cárcel por estas actividades hasta a 8 años.
El delito de minería ilegal incluye tareas de reconocimiento para minería, exploración, extracción o explotación en cualquier área que se considere patrimonio natural, parque nacional, reserva biológica o área silvestre.
Asimismo, cualquier persona que promueva, financie, administre, organice, facilite, dirija u obtenga beneficio de actividades de reconocimiento, exploración, explotación, extracción, procesamiento, transporte o comercialización de recursos mineros tendrá una pena de 2 a 6 años de prisión.
