La crisis de seguridad en Costa Rica alcanzó este lunes un nuevo nivel de alarma, luego de que un hombre fuera herido de bala en pleno centro judicial de la capital, en un fallido intento de sicariato dirigido a ejecutar a un menor de edad.
El ataque, perpetrado en las afueras del Primer Circuito Judicial de San José, pone de relieve el creciente atrevimiento del crimen organizado, que ya actúa sin reservas frente a instituciones del Estado y en zonas de alta circulación civil.
El ataque ocurrió a plena luz del día, pasadas las 5:00 de la tarde (6:00 de Panamá), cuando un vehículo negro se detuvo frente a los tribunales y abrió fuego contra un joven que salía del edificio en Barrio González Lahmann.
Sin embargo, las balas impactaron por error a un hombre adulto que salía al mismo tiempo del recinto, hiriéndolo gravemente en el pecho y la pierna. La víctima fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, mientras que los agresores huyeron del lugar sin ser capturados.
“En apariencia, este señor no era el objetivo, sino un menor de edad por un posible ajuste de cuentas”, confirmó Manuel Reid, asesor legal de la Policía Municipal de San José.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya tomó el caso, en medio de un panorama de impunidad creciente que pone en duda la capacidad de respuesta de las autoridades.
El Ministerio de Seguridad Pública informó que Costa Rica registra ya 264 homicidios en lo que va del año, y de mantenerse la tendencia, el país podría cerrar 2025 con más de 1,000 muertes violentas.
Esta cifra igualaría o incluso superaría el récord de 907 casos en 2023, que dejó al país centroamericano con una tasa de homicidios de 17,2 por cada 100,000 habitantes, la más alta en su historia reciente.
El ministro Mario Zamora admitió que los crímenes por encargo, ligados al narcotráfico y a conflictos entre bandas, se han salido de control, y señaló directamente al sistema judicial por no responder con la contundencia necesaria.
“La impunidad de estos delitos es mayor que la de los asesinatos comunes. Por cada crimen cometido, cada vez son menos las acciones judiciales que identifican y condenan a los responsables. Eso deja a muchos criminales en libertad”, afirmó.
Los ataques en espacios públicos y frente a instituciones del Estado, como el ocurrido este lunes en los juzgados capitalinos, reflejan el deterioro acelerado del orden público.
Este tipo de atentados, antes propios de zonas periféricas o barrios controlados por pandillas, ahora irrumpen en la vida urbana sin advertencia.
El país, que hasta hace una década era considerado uno de los más seguros de América Latina, enfrenta ahora su prueba más dura. Y en ella, la muerte ya no respeta juzgados ni horarios laborales.
Randall Zúñiga, jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), advirtió que el 2025 podría marcar un nuevo récord en la cantidad de homicidios en Costa Rica, debido al acelerado ritmo con el que se están acumulando los casos.
La creciente cifra de asesinatos y su frecuencia alarmante han encendido las alertas, ya que podrían rebasar las estimaciones hechas por la propia Policía Judicial a inicios de 2025, cuando estimaban menos de 900, como en 2024 que cerró con 880 casos registrados.
Zúñiga subrayó que, aunque se han logrado capturar a integrantes de varias estructuras criminales, “los homicidios no cesan”. También advirtió que el involucramiento de jóvenes en el crimen organizado está aumentando, lo que provoca que los sicarios sean cada vez más novatos e imprudentes.
“En este punto estamos manejando una cifra histórica de homicidios, nunca antes vista. Pese a las aprehensiones, los asesinatos continúan”, expresó el director del OIJ.
Como consecuencia, también se ha elevado el número de víctimas colaterales, a un promedio de dos personas inocentes fallecidas por semana en hechos de violencia armada.
