La Asamblea Nacional de Nicaragua, al servicio de la dictadura familiar Ortega Murillo, aprobó este 14 de julio un nuevo tratado bilateral de extradiciones con la Federación Rusa, que consolida el estrecho alineamiento geopolítico y de seguridad entre Managua y Moscú.
El texto, suscrito inicialmente en San Petersburgo por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y Laureano Ortega Murillo —hijo y asesor del dictador Daniel Ortega—, fue justificado por el oficialismo nicaragüense “como una herramienta clave” en la cooperación bilateral.
Según el régimen, la ley busca “combatir la criminalidad organizada y evitar el blanqueo de capitales”.
Sin embargo, para observadores y juristas internacionales, el convenio representa un cambio drástico que vulnera las garantías procedimentales que rigen el derecho penal transnacional.
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Retroactividad en extradiciones
El punto fundamental que suscita alarma entre analistas y organizaciones gremiales es el desplazamiento de la Corte Suprema de Justicia de su competencia constitucional.
Según el acuerdo, la decisión final sobre las entregas recaerá exclusivamente en la Procuraduría General de Justicia, un órgano supeditado directamente al Ejecutivo.
Al frente de esa institución está Wendy Carolina Morales Urbina, ficha leal y personaje de obediencia extrema a Rosario Murillo, la cruel co dictadora de Nicaragua.
Morales Urbina fue sancionada por Estados Unidos en 2024 por participar en las confiscaciones y persecución del régimen sandinistas a líderes y organizaciones católicas.
Esta medida elimina la intermediación de los tribunales y convierte estos procesos en trámites de carácter puramente político y administrativo.
Hincados ante el Kremlin
Asimismo, el tratado introduce normas excepcionales que chocan de frente con los estándares jurídicos habituales en Europa: establece su aplicación retroactiva para delitos cometidos antes de la vigencia del pacto.
Y además autoriza detenciones provisionales de hasta 60 días mediante una simple solicitud enviada por fax o correo electrónico, sin requerir inicialmente un expediente formal.
Con este paso, Nicaragua refuerza su papel como principal bastión del Kremlin en Centroamérica, dotándose de un mecanismo judicial expedito y sin contrapesos institucionales.
