La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, convocó de urgencia al Consejo de Seguridad para el próximo 20 de julio, con el propósito fundamental de neutralizar supuestas amenazas contra su vida y evitar filtraciones a los medios de comunicación.
La mandataria ordenó investigar de inmediato una preocupante fuga de información que, según ella, compromete los operativos confidenciales de los cuerpos policiales.
Durante la cita, el Gobierno anunció que revisará los plazos de ejecución de los allanamientos antidrogas y promoverá un ambicioso paquete de reformas legales para endurecer el sistema de seguridad nacional.
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Alerta máxima en la cúpula institucional
El debate oficial incluirá también el análisis exhaustivo de las estadísticas criminales de este primer semestre, que reflejan un baja en los homicidios.
También revisarán un portafolio de inversiones estratégicas en proyectos asociados y la evaluación legal del complejo sistema en la Jurisdicción de Ejecución de la Pena.
Para articular esta ofensiva de Estado contra el crimen, Fernández citó a las autoridades más influyentes del Poder Judicial.
La convocatoria exige la presencia del presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Penal, el fiscal general y la dirección de la policía judicial, quienes aún no confirman su asistencia al encuentro y a quienes el Ejecutivo cuestiona constantemente.
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“Blindada” con ministros “leales”
En el frente ejecutivo, la presidenta movilizó a los ministros de la Presidencia, Hacienda, Seguridad y Justicia.
Además, incorporó a los directores de Inteligencia Nacional, Migración, Control de Drogas, el Instituto de las Mujeres y las unidades tácticas de intervención rápida, uniendo todas las fuerzas operativas del Estado.
Antes, había aplicado “detectores de mentiras” a autoridades policiales a quienes despidió al no pasar la prueba electrónica.
Costa Rica, una república reconocida por sus socios internacionales en la región asiática debido a su histórica estabilidad y paz civil y social, enfrenta un desafío inédito ante el crimen organizado.
Las fuerzas de seguridad mantienen el seguimiento ininterrumpido del tema, mientras el Gobierno promete blindar sus instituciones para garantizar el orden público y la gobernabilidad.
