El gobierno panameño anunció este viernes una serie de medidas de control ante la creciente ola de migrantes irregulares que sufre el país y anunció que reforzará deportaciones y expulsiones.
“Reforzaremos las deportaciones y las expulsiones de todos los ciudadanos irregulares a nivel nacional que tengan antecedentes penales, a través de contrataciones de vuelos charter para poder deportar y expulsar mayor número de gente”, anunció la directora del Sistema Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, en una conferencia de prensa.
Panamá sufre una ola de migrantes irregulares a través de la Selva del Darién que ha llegado a niveles récord. La inmensa mayoría son venezolanos, haitianos, ecuatorianos y últimamente chinos. El gobierno panameño ha elevado el problema a “crisis de seguridad nacional”.
La directora de Migración anunció que ajustarán las medidas operativas en todos los puertos formales del país para todas aquellas personas que, “según los perfilamientos de seguridad”, utilicen los aeropuertos y puestos formales para quedarse irregularmente en el país.
Además, Gozaine anunció la reducción del permiso de turismo de 90 a 15 días, aunque no a todas las nacionalidades, y el aumento de solvencia económica de $500 a $1,000 para los que quieran ingresar al país.
La funcionaria también anunció que removerán los puestos de control y asistencia migratoria de las comunidades receptora de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, a fin de mitigar el impacto sanitario y de seguridad en la zona.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Juan Manuel Pino, criticó, sin nombrarlos, a los países sudamericanos que no mantienen ninguna medida ante la situación migratoria y dijo que están pagando consecuencias drásticas con la seguridad nacional.
“Tenemos que preservar lo que tenemos y no dejar que ese incremento del crimen organizado transnacional, como existe en países del Sur, nos llegue a Panamá”
