El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, defendió este jueves la decisión de declarar estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro en junio, en medio de las recientes protestas contra la Ley 462 (reformas a la Caja del Seguro Social), y rechazó que durante esos disturbios se hayan registrado muertes, tal como han señalado algunas versiones en redes sociales y grupos de oposición.
“Yo no tengo nada que ocultar. No se suspendieron garantías porque a mí se me antojó ese día. Era lo que se debía hacer”, afirmó Mulino durante una declaración pública. “Es falso, no hubo ningún fallecido”, insistió, refiriéndose tanto a las jornadas de protesta como al periodo en que rigió el estado de emergencia en la provincia para restablecer el orden.
Las protestas en Bocas del Toro estallaron en junio pasado, cuando grupos de trabajadores, comunidades indígenas y organizaciones sociales se movilizaron en rechazo a la aprobación de la Ley 462. Las manifestaciones incluyeron cierres de vías, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de uso excesivo de la fuerza.
“Yo creo en el Ministerio Público, allí es donde se hacen las investigaciones”: presidente José Raúl Mulino sobre investigaciones de supuestas muertes en Bocas del Toro.
“Yo no tengo nada que ocultar, hicimos lo que hicimos en función de la Constitución nacional, no suspendimos… pic.twitter.com/wqqbuAkB4E
— Panamá En Directo (@panamaendirecto) July 17, 2025
El Ejecutivo argumentó entonces que la declaratoria de estado de emergencia respondía a la necesidad de garantizar la seguridad y reactivar las actividades económicas, afectadas por los bloqueos y disturbios. Mulino reiteró que no fue una medida arbitraria, sino una acción “responsable” frente a la situación que atravesaba la provincia.
“Sino ahí estuvieran sentados, hundiendo más a Bocas del Toro… Si el Ministerio Público tiene que investigar, que investigue”, agregó el presidente, abriendo la puerta a eventuales indagaciones oficiales para esclarecer lo ocurrido durante los operativos policiales.
Desde que se levantó el estado de emergencia, el 29 del mes pasado, organizaciones sociales han cuestionado tanto la legalidad de la medida como el saldo que dejaron las protestas, aunque hasta ahora el Ministerio Público no ha presentado reportes oficiales sobre fallecidos, únicamente registros de personas detenidas y algunas lesiones.
“El país debe seguir adelante, sin alimentar rumores o noticias falsas”, insistió.
Durante las protestas, grupos vandalizaron comercios e incluso un aeropuerto, incendiaron vehículos y atacaron instalaciones estatales. Las pérdidas para la provincia se calculan en al menos $80 millones.