Una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentó una demanda en una corte federal en Washington, DC, para invalidar un acuerdo firmado durante la administración del expresidente Donald Trump, que permitió enviar migrantes detenidos a una prisión en El Salvador.
Según la demanda, el pacto tiene como fin trasladar a los migrantes fuera del alcance legal de los tribunales estadounidenses, dejándolos sin acceso al debido proceso ni a otras garantías constitucionales. Los demandantes argumentan que el acuerdo fue firmado sin base legal y en contravención directa de la Constitución de Estados Unidos.
Condiciones cuestionadas en cárceles salvadoreñas
El acuerdo contempla que El Salvador reciba cientos de migrantes, entre ellos personas acusadas por el gobierno estadounidense de integrar la pandilla Tren de Aragua. En marzo, se pactó un pago de 6 millones de dólares a cambio de albergar a 300 detenidos.
Immigrant rights groups sue to invalidate Trump administration’s El Salvador prison deal
La demanda señala que el Departamento de Estado de EE. UU. ha reconocido las condiciones peligrosas en las cárceles salvadoreñas, incluyendo denuncias de tortura, falta de agua potable, comida insuficiente y atención médica deficiente.
Las prisiones son gestionadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha difundido imágenes de migrantes enviados desde EE. UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), su mayor cárcel de máxima seguridad.
Precedente judicial y posibles violaciones legales
El texto legal menciona el caso de Kilmar Abrego García, un migrante deportado a El Salvador pese a una orden judicial que lo prohibía. Las autoridades federales argumentaron que, una vez en vuelo, ya no se encontraba bajo su custodia legal, desatando preocupación sobre posibles abusos del poder ejecutivo.
La coalición demandante está conformada por varias organizaciones, entre ellas Robert F. Kennedy Human Rights, National Association of Criminal Defense Lawyers, Immigrant Defenders Law Center, Immigrant Equality, California Collaborative for Immigrant Justice y Democracy Forward.
Las organizaciones sostienen que el acuerdo viola múltiples normativas, incluyendo la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley del Primer Paso, aprobada en 2018, la cual establece que los detenidos deben estar alojados en cárceles cercanas a sus hogares, algo que este convenio claramente omite.
El Departamento de Estado no ha emitido comentarios al respecto.
