A pocas horas de que entrara en vigencia la Ley Antipandillas en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad (CC) recibió un recurso de amparo interpuesto por Dylan Smaily Archila García, un pandillero condenado por extorsión e integrante de la Mara Salvatrucha.
Archila, conocido como “Sonriente”, fue sentenciado el 17 de abril de 2023 por el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Extorsión a 6 años de prisión inconmutables. Sin embargo, la sentencia aún no ha quedado firme. Por lo tanto, el reo permanece bajo prisión preventiva.
Argumentos del recurso
El amparo fue presentado por el abogado Edgar Alfredo Mazariegos Gil, quien en 2024 buscó participar en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en representación del Movimiento de Renovación Gremial del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
En su escrito, el convicto argumenta que la Ley Antipandillas vulnera sus derechos humanos, además de los principios de legalidad, certeza jurídica y debido proceso. Según el documento, la normativa condena de forma anticipada a los miembros de estructuras criminales, sin permitirles ejercer una defensa ante un juez competente.
Archila García solicita que la CC deje sin efecto la ley. Además, como medida adicional, ordene al Congreso de la República no volver a discutirla. La Corte deberá analizar si procede otorgar un amparo provisional. Esto abriría la posibilidad de suspender temporalmente la aplicación de la normativa.
Su caso por extorsión
El expediente judicial indica que Archila García, junto a Jesús David Saravia Cruz y Deivi Fernando Zamora, fue condenado por extorsionar a un comerciante en junio de 2022.
De acuerdo con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, la víctima recibió en su negocio un teléfono celular bajo amenazas de muerte. Poco después, un hombre que se identificó como miembro de la Mara Salvatrucha exigió un pago de Q4,000 (aproximadamente US$515). También pidió cuotas semanales de Q400 (unos US$52).
Tras una negociación, el comerciante acordó pagar 3,000 quetzales ($385) como monto inicial y 350 quetzales (cerca de $45) cada semana. Los tres involucrados fueron capturados en zona 5 de Ciudad de Guatemala, cuando acudieron a recoger el dinero exigido.
La Fiscalía demostró su culpabilidad mediante declaraciones testimoniales, prueba documental y la captura en flagrancia. Por ello, el tribunal impuso penas de prisión inconmutables.
Ley Antipandillas y sus efectos inmediatos
La Ley Antipandillas, recientemente aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, endurece las penas por delitos relacionados con el crimen organizado. También declara terroristas a las estructuras pandilleras.
El texto legal establece penas de hasta 50 años de prisión para líderes de grupos criminales y sanciona con penas severas a quienes colaboren con estas organizaciones. Su entrada en vigor marca un nuevo marco legal para el combate a las maras y pandillas en el país.
La acción presentada por Archila García constituye el primer recurso de amparo contra esta ley, que ha generado amplio debate jurídico y político en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad deberá pronunciarse en los próximos días sobre la admisión del recurso y la posibilidad de suspender temporalmente la norma mientras se resuelve el fondo del caso.
