Costa Rica enfrenta una inédita escalada institucional después de que el oficialismo desafiara abiertamente al Poder Judicial. El Ejecutivo y la bancada oficialista anunciaron que no acatarán una resolución de la Sala Constitucional sobre la integración del tribunal, un paso que varios sectores consideran excepcional por involucrar un fallo del máximo intérprete de la Constitución.
El conflicto ya no se limita a un desacuerdo sobre nombramientos. Ahora involucra la autoridad de las decisiones judiciales, la separación de poderes y el funcionamiento del Estado de derecho.
La Sala sostiene que actúa para evitar la paralización del tribunal y proteger los derechos de la ciudadanía.
El Gobierno, en cambio, afirma que el tribunal usurpó competencias exclusivas de la Asamblea Legislativa.
Un fallo que buscó evitar la parálisis del tribunal
La Sala Constitucional resolvió prorrogar temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes cuyo periodo venció en diciembre de 2025. Además, anuló los acuerdos mediante los cuales la Asamblea devolvió la nómina de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia y ordenó que esa lista sea sometida a votación en el pleno legislativo.
Los magistrados argumentaron que la medida garantiza la continuidad de la justicia constitucional y evita que el tribunal quede sin quórum suficiente para resolver casos.
La respuesta del Ejecutivo elevó el tono del conflicto
La presidenta Laura Fernández calificó la resolución como un “golpe de Estado judicial” y anunció una denuncia penal por presunto prevaricato contra cuatro magistrados que apoyaron la prórroga. La dirigencia oficialista sostuvo que solo la Asamblea Legislativa puede nombrar y remover magistrados y afirmó que el tribunal excedió sus atribuciones constitucionales.
Laura Fernández acusa de golpe de Estado a Sala IV y Yara Jimenez anuncia querella pic.twitter.com/m5zETyMgSr
— inforame.com (@infor_ame) July 31, 2026
Ese anuncio marcó un punto de inflexión porque trasladó el desacuerdo desde el terreno político hacia el cuestionamiento directo de la legitimidad del máximo tribunal constitucional.
El Poder Judicial respondió con una defensa del orden constitucional
Horas después, la Sala Constitucional respondió mediante un comunicado y un mensaje del magistrado Jorge Araya. El juez afirmó que el Gobierno debió esperar la notificación íntegra de la sentencia antes de acusar al tribunal de promover un golpe de Estado.
Araya sostuvo que un golpe implica una ruptura ilegítima del orden constitucional y que la resolución busca precisamente restablecer ese orden en el ámbito jurisdiccional.
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 🇨🇷🇨🇷⚖️⚖️ pic.twitter.com/b2IGWVh5OJ
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La oposición advierte sobre un precedente institucional
Las bancadas opositoras reaccionaron de inmediato y calificaron las declaraciones del Ejecutivo como temerarias. Diputados de distintos partidos acusaron al oficialismo de haber bloqueado durante meses la elección de magistrados suplentes y de poner en riesgo el funcionamiento de la Sala Constitucional. También rechazaron que se califique de “golpistas” a los magistrados que emitieron la resolución.
La elección de magistrados suplentes permanece pendiente desde la legislatura anterior. Varias rondas de votación no lograron reunir la mayoría requerida y el oficialismo devolvió repetidamente la nómina enviada por la Corte Suprema de Justicia, mientras el Poder Judicial se negó a elaborar una nueva lista.
