El diputado hondureño Jorge Cálix, jefe de bancada del Partido Liberal, aseguró que el conflicto entre taxistas tradicionales y conductores de plataformas digitales responde a la falta de una regulación moderna que los distintos gobiernos han dejado pendiente durante años.
A través de un mensaje en redes sociales, Cálix sostuvo que el problema no radica en los trabajadores del transporte, sino en la ausencia de normas claras para todos los sectores involucrados.
“He estado leyendo comentarios sobre el conflicto entre taxis, VIP, Uber e InDriver. Sinceramente creo que el problema no son los taxistas ni los conductores de plataformas. El problema es que el Gobierno ha permitido que esta situación crezca durante años sin generar reglas claras para todos”, expresó.
El legislador señaló que miles de hondureños dependen económicamente tanto del servicio de taxi tradicional como de los taxis VIP y las plataformas digitales. Además, destacó que los usuarios requieren opciones de transporte seguras, accesibles y eficientes.
“No podemos resolver este problema quitándole el trabajo a unos para dárselo a otros”, afirmó.
Operativos recientes reactivan las tensiones
Las declaraciones de Cálix surgen en medio de un aumento de los operativos contra conductores que prestan servicio mediante aplicaciones digitales y modalidades VIP.
He estado leyendo comentarios sobre el conflicto entre taxis, VIPs, Uber e InDriver.
Y sinceramente creo que el problema no son los taxistas ni los conductores de plataformas.
El problema es que el Gobierno ha permitido que esta situación crezca durante años sin generar reglas…
— Jorge Cálix (@JorgeCalix) June 5, 2026
Durante las últimos días, el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) ha intensificado las inspecciones y el decomiso de unidades vinculadas a Uber, InDriver y otros servicios similares. Las autoridades han aplicado multas que pueden alcanzar los 11,000 lempiras, equivalentes a unos $330, además de la retención de vehículos por hasta seis meses.
Estas medidas han reavivado el conflicto entre los distintos actores del sector transporte, que mantienen posiciones encontradas sobre las condiciones de competencia y los requisitos para operar.
Un problema que se arrastra desde administraciones anteriores
El debate tiene raíces en la falta de una actualización legal que permita integrar de forma clara a las nuevas modalidades de transporte.
En 2019, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, se aprobó una normativa que endureció las sanciones contra el transporte sin permiso. La legislación contempló multas elevadas y decomisos de vehículos, en un contexto marcado por el crecimiento de las plataformas digitales.
Posteriormente, durante la administración de Xiomara Castro, que gobernó entre 2022 y enero de 2026, tampoco se concretó una reforma integral del sistema. Como resultado, las aplicaciones de transporte y los taxis VIP continuaron operando sin un marco regulatorio específico, mientras los taxistas tradicionales siguieron sujetos a costos y requisitos asociados a sus concesiones.
Propuesta de diálogo y modernización
Ante este escenario, Cálix planteó la necesidad de reunir a todos los sectores involucrados para construir una solución de largo plazo.
Según el diputado, la prioridad debe ser modernizar la regulación del transporte y garantizar condiciones de competencia equitativas. También consideró que el país necesita generar más oportunidades laborales y reducir los enfrentamientos entre grupos que dependen de esta actividad económica.
“Honduras necesita más oportunidades de empleo, no más conflictos”, concluyó.
