Panamá recibió este lunes a Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso del atentado terrorista contra el vuelo 901 de la aerolínea Alas Chiricanas, ocurrido en 1994 y que dejó 21 personas fallecidas.
El acusado fue extraditado desde Venezuela y, tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tocumen, fue trasladado bajo custodia a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecerá a disposición de las autoridades.
El proceso de extradición marca un avance clave en uno de los casos más emblemáticos de Panamá, más de tres décadas después del ataque que es considerado el peor acto terrorista en la historia del país.
El atentado ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando la aeronave explotó minutos después de despegar desde Colón con destino a Ciudad de Panamá, provocando la muerte de todos sus ocupantes.
Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses e israelíes, muchos de ellos empresarios de la comunidad judía, lo que dio relevancia internacional al caso.
Las investigaciones apuntan a que el ataque fue perpetrado mediante un artefacto explosivo colocado dentro del avión, y ha sido vinculado a redes terroristas internacionales, incluyendo al grupo Hezbolá.

El Ministerio Público formuló cargos contra Jalil por delitos contra la vida y la integridad personal, específicamente homicidio doloso en perjuicio de 21 personas, así como por delitos contra los medios de transporte y comunicación.
El sospechoso fue capturado en noviembre de 2025 en Isla Margarita, tras una alerta roja internacional, y su extradición fue autorizada por la justicia venezolana en marzo de 2026.
De acuerdo con las autoridades, Jalil también tendría presuntos vínculos con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido un día antes del ataque en Panamá, donde murieron 85 personas.
La llegada del acusado se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad, aunque su traslado se llevó a cabo de manera discreta, utilizando una salida alterna del aeropuerto.
Con esta extradición, el caso entra en una etapa decisiva que podría permitir, por primera vez en más de 30 años, que el principal sospechoso enfrente a la justicia panameña.







