El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a 26 agentes del Sistema Penitenciario de Guatemala por su presunta implicación en la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 del centro carcelario Fraijanes II. La investigación apunta a posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, considerado uno de los más saturados y vulnerables de Centroamérica.
🚨#Urgente🚨
PNC en acompañamiento al MP, realiza diligencias en cárcel de Fraijanes II y en inmuebles de zonas 10 y 15. Preliminarmente se reporta la detención de ocho guardias del Sistema Penitenciario, por incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión.Se ampliará. pic.twitter.com/QqTyedHYp7
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 25, 2025
Las detenciones se realizaron durante una requisa en Fraijanes II y en distintos allanamientos en la capital, como parte del caso denominado Corrupción en el Sistema Penitenciario. Según el MP, los guardias son señalados por los delitos de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, mientras las diligencias se mantienen bajo reserva judicial.
Los 26 detenidos fueron trasladados a la Torre de Tribunales en Ciudad de Guatemala, donde el juzgado de turno deberá hacerles saber el motivo de su detención. Se espera que las audiencias de primera declaración inicien en los próximos días, ya que el caso quedó a cargo del Juzgado Tercero Penal.
Entre los capturados figuran antiguos mandos del centro penitenciario, mientras que siguen pendientes las órdenes de captura contra otros exfuncionarios, entre ellos el exalcaide Eladio Antonio Ramos Ramírez, el exsubdirector Víctor Arnoldo Alveño Barco, la exviceministra Claudia Palencia y el exdirector del Sistema Penitenciario Ludin Godínez.
De los 20 pandilleros fugados, miembros de la Mara 18, recientemente declarada organización terrorista por el Congreso guatemalteco mediante el decreto 11-2025, únicamente cuatro han sido recapturados. Las autoridades continúan con los operativos para localizar al resto.
El caso ha desatado fuertes cuestionamientos en el Congreso y entre la ciudadanía, que exige revisar la estructura interna del Sistema Penitenciario. Diputados y analistas coinciden en que la fuga y las recientes detenciones revelan un colapso institucional y la infiltración del crimen organizado en las cárceles del país, un problema que también impacta en la seguridad regional.