Con el respaldo unánime de 45 diputados, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el 15 de mayo, en tercer debate de segunda legislatura, una reforma definitiva al artículo 32 de la Constitución, que habilita la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo.
La votación representa la quinta y última etapa de un proceso que inició en 2024, con dos sesiones previas ese año y otras dos en 2025, tal como exige la legislación para modificar el marco constitucional. La reforma aplicará tanto a ciudadanos por nacimiento como a naturalizados.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, celebró la decisión legislativa y confirmó que, a partir de esta enmienda, al menos 30 personas naturalizadas podrían ser extraditadas a Estados Unidos por estar vinculadas al narcotráfico, según datos de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Zamora también aseguró que el Ministerio de Seguridad ha identificado hasta 250 costarricenses de nacimiento con vínculos en redes internacionales de narcotráfico, lo que los convierte en potencialmente “extraditables” bajo el nuevo marco legal.
El titular de Seguridad además propuso ampliar el alcance de la medida a otros delitos de alto impacto, como trata de personas, tráfico de armas y femicidios. “Durante años, personas extranjeras buscaron la nacionalidad costarricense como escudo ante procesos judiciales internacionales”, advirtió.
