Panamá estaría enfrentando pérdidas de hasta $1,500 millones anuales para las madres jóvenes por embarazos adolescentes que generan bajas oportunidades educativas y laborales para este sector de la población, según los datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
El UNFPA estima que las pérdidas equivalen al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá. Ante esta situación, el gobierno panameño ordenó una actualización de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención y Atención del Embarazo en Niñas y Adolescentes.
Además, ordenó que se modifique el Plan de Acción 2026-2030 a través de la conformación de mesas de trabajo con instituciones gubernamentales, organismos internacionales, organizaciones juveniles y representantes de la sociedad civil panameña.
Los cambios a los planes gubernamentales incluyen que se incorporen nuevas medidas que permitan prevenir el embarazo adolescente a través del tratamiento integral de factores estructurales como la pobreza, la deserción escolar, la violencia sexual, uniones o matrimonios infantiles.
Con las mesas de trabajo se planea dar lugar a una nueva hoja de ruta para los próximos cuatro años que permita reducir brechas territoriales, mejores coordinaciones institucionales y avance en el cumplimiento de compromisos nacionales e internaciones sobre niñez y adolescencia.
Aunque la cantidad de embarazos adolescentes disminuyeron de 15,000 casos en 2012 a 9,531 en 2022, las autoridades buscan reducir al mínimo estos casos. Se estima que las localidades con más embarazos adolescentes reportados son Darién, Bocas del Toro, Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan.
Los datos indican que el promedio diario de embarazos adolescentes es de 21 en Panamá, que aún sigue siendo una cifra alta para las autoridades.
