La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras admitió diligencias prejudiciales en contra de varios diputados y exdiputados del país, quienes son acusados de malversación de fondos públicos y lavado de activos.
La solicitud fue presentada por la abogada Kenya Patricia Reconco, quien actúa como Agente de Tribunales asignada a la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el pasado 13 de enero.
En su solicitud, la abogada pidió la juramentación de peritos para la extracción y análisis de información contenida en 104 discos compactos, los cuales serán utilizados para una auditoría forense.
La solicitud también incluye la petición de decretar secretividad sobre las diligencias en relación con las investigaciones preliminares, que afectan a una lista de ciudadanos, incluidos exlegisladores y actuales diputados, quienes son sospechosos de estar involucrados en delitos como la malversación de fondos públicos y el lavado de activos, los cuales habrían afectado gravemente la economía del país.
Investigados por delitos graves
Los implicados en las investigaciones son: Milton de Jesús Puerto, Dennis Antonio Sánchez Fernández, Fabricio Puerto Oseguera, Hernán Enrique Vindel Mourra, José Rodney Bautista Posadas, Manuel Iván Fiallos, Juan Carlos Valenzuela, Román Villeda Aguilar, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Yaudet Burbara Canahuati, Welsy Milena Vásquez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Antonio Rivera Callejas, Allan Arony San Martín Vallejo, Estela Lisseth Muñoz, Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade, Kenia Xiomara Reyes Vargas, María José Panchame Osorio, Leana Lizeth Lagos, Jessy Carolina Lagos Núñez, Evelyn Johanna Ortiz Romero y José Rodney Bautista Posadas.
Estos enfrentan acusaciones por malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos.
Secretividad de las diligencias
La CSJ ha decretado la secretividad de las diligencias para proteger la confidencialidad de la investigación y evitar que terceros ajenos a los procedimientos afecten el curso de los mismos.
Sin embargo, la Corte ha subrayado que este secreto no limita el derecho de defensa de los imputados, quienes podrán conocer en detalle las pruebas en su contra en el momento procesal oportuno.
Derechos constitucionales y defensa legal
De acuerdo con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los investigados mantienen su derecho a la defensa legal.
En consecuencia, se les ha otorgado un plazo de tres días hábiles para designar abogados que los representen. En caso de no hacerlo, la Corte procederá a nombrarles un defensor público para garantizar el cumplimiento del derecho constitucional a la defensa.
Próximos pasos
El tribunal ha designado a abogados específicos como defensores de algunos de los acusados y ha ordenado la realización de las diligencias necesarias, incluyendo la juramentación de los peritos que se encargarán de la auditoría forense.
Además, se ha asignado al abogado José Ramón Cruz Ferrera como Secretario de la investigación y a la abogada Kenia Mardeni Acosta Mendoza como receptora de las diligencias.
