El estado de El Salvador fue encontrado responsable por las desapariciones forzadas de una activista, su padre y una empleada, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
le ordenó investigar el paradero de las víctimas, individualizar, juzgar y sancionar a todos los responsables de la desaparición.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de El Salvador por las desapariciones de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez”, dijo la presidenta de la Corte IDH, la jueza Nancy Hernández López durante el acto de notificación de la sentencia del Caso Cuéllar Sandoval y otros versus El Salvador.
👩🏽⚖️👨🏼⚖️Sentencia del Caso Cuéllar Sandoval y otros Vs. El Salvador🇸🇻: La Corte declaró al Estado responsable por las desapariciones forzadas durante el conflicto armado de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez.
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— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) May 16, 2024
Además concluyó que la desaparición de Patricia Cuéllar “constituyó una violación del derecho a defender los derechos humanos”, debido a su trabajo como defensora.
Patricia Emilie Cuéllar Sandoval, nació en Washington, Estados Unidos, en 1958, pero era hija de padres salvadoreños que en su niñez decidieron regresar a El Salvador y establecerse.
Ella fue colaboradora de movimientos cristianos y secretaria del Socorro Jurídico Cristiano, fundado por el padre jesuita Segundo Montes, pero debido a que fue perseguida por su labor, dejó de laborar ahí en 1980.
Un día antes de su desaparición, ella había denunciado persecución de parte de hombres vestidos de civil.
En la noche, su padre Mauricio Cuéllar, quien era gerente de la Asociación Salvadoreña de Industriales y su empleada, Julia Orbelina Pérez, fueron sacados con violencia de su casa en una colonia de clase media alta. Vecinos dijeron que elementos del Ejército saquearon la casa en un pick up azul y un jeep verde.
En el marco del conflicto armado, que finalizó el 16 de enero de 1992 con la firma del Acuerdo de Paz, la represión se dirigió,
entre otros, contra “organizaciones políticas, gremios y sectores organizados de la sociedad salvadoreña”, produciéndose ataques contra “entidades de derechos humanos”, como la Institución del Socorro Jurídico del Arzobispado de El Salvador.
